Mientras el país moderniza su marco legal, las empresas arrastran normas digitales de hace una década
La República Dominicana sustituye su Código Penal de 1884 con una nueva normativa que entra en vigencia en agosto de 2026. El proceso expone una contradicción: las leyes se actualizan, pero muchas empresas mantienen políticas tecnológicas diseñadas para una realidad que ya no existe.
El nuevo Código Penal dominicano, que reemplaza al de 1884 y entra en vigencia en agosto de 2026, marca un hito: el país reconoció que una ley escrita para otra época debía actualizarse. Ese ejercicio plantea una pregunta incómoda para el sector corporativo: ¿cuántas organizaciones han revisado sus políticas de tecnología con el mismo rigor?
Las políticas corporativas tienen un destino predecible: una vez aprobadas, desaparecen en una carpeta compartida, un manual de recursos humanos o un PDF que nadie vuelve a abrir. Mientras tanto, la empresa evoluciona. Llegan nuevas plataformas, se adoptan servicios en la nube, se habilita el trabajo remoto, surgen nuevos riesgos y los colaboradores usan herramientas que no existían cuando aquellas normas fueron redactadas.
La inteligencia artificial es el caso más claro. Hoy es habitual que un empleado utilice ChatGPT o Copilot para redactar, resumir información, analizar documentos o generar contenido. Lo que no es tan común es que la organización haya definido qué información puede compartirse con estas plataformas y cuál no. Ninguna política escrita hace diez años contemplaba que un empleado copiara una propuesta comercial, información financiera o datos de clientes en una herramienta de IA alojada fuera de la organización. Sin embargo, eso ocurre todos los días.
El problema no radica en la redacción de las reglas, sino en que la tecnología avanzó más rápido que ellas. El nuevo Código Penal no debería verse solo como una reforma legal, sino como un recordatorio de que muchas empresas operan con criterios y procesos diseñados para una realidad tecnológica que ya no existe. A esto se suma un principio clave de la gobernanza de TI: tener acceso no es lo mismo que tener autorización. Los departamentos de tecnología administran sistemas, respaldos, registros y migraciones, pero ese acceso responde a una función operativa específica. No es una autorización abierta para revisar información por curiosidad, conservar copias innecesarias o acceder a contenido sin justificación laboral. Un administrador puede encontrar información personal mientras recupera una computadora dañada; un técnico puede toparse con documentos privados durante una migración; un especialista de seguridad puede llegar a información sensible mientras investiga un incidente.
