EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) consideró este miércoles que la reciente aprobación de la reforma a la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, debió estar acompañada de un proceso más amplio de deliberación y consulta con los sectores involucrados.
Mediante una publicación en la red social Instagram, la entidad indicó que reconoce la facultad constitucional del Congreso Nacional para conocer y aprobar iniciativas legislativas, pero sostuvo que las reformas de alto impacto se fortalecen cuando son el resultado de procesos participativos.
«Entendemos que reformas de esta naturaleza se fortalecen cuando son el resultado de procesos amplios de deliberación, análisis técnico y consulta con los sectores involucrados, especialmente cuando introducen cambios significativos en obligaciones, contribuciones y esquemas institucionales», expresó la organización.
Amchamdr señaló que la fortaleza de las políticas públicas depende tanto de sus objetivos como de la calidad del proceso mediante el cual son elaboradas.
Recibe en tu correo las noticias más importantes del día En ese sentido, afirmó que la participación de los actores impactados, la evaluación técnica y la construcción de consensos son elementos que contribuyen a la legitimidad, efectividad y sostenibilidad de las reformas.
La entidad también indicó que las decisiones legislativas que inciden sobre la competitividad, la sostenibilidad y el clima de inversión generan mejores resultados cuando están respaldadas por evidencia técnica y procesos ampliamente discutidos.
Asimismo, sostuvo que la predictibilidad regulatoria y la seguridad jurídica continúan siendo factores relevantes para el desarrollo económico y social del país.
En la publicación, la organización manifestó además su disposición de colaborar con las autoridades competentes en la implementación del nuevo marco legal.
«Reafirmamos nuestra disposición de colaborar con las autoridades competentes, aportando la experiencia técnica de nuestros miembros, con miras a consolidar un marco regulatorio de gestión de residuos que verdaderamente responda a los más altos estándares de eficiencia, sostenibilidad y mejores prácticas internacionales», indicó.
La posición de Amchamdr se produce luego de que el Senado de la República convirtiera en ley las modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, iniciativa que había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados.
La reforma ha generado posiciones encontradas entre sectores empresariales, ambientales y municipales.
Mientras el Gobierno ha defendido que los cambios buscan fortalecer el sistema nacional de gestión de residuos y garantizar la sostenibilidad financiera del modelo, representantes del sector privado han expresado preocupación por el incremento de las contribuciones económicas y el impacto que las nuevas disposiciones podrían tener sobre las empresas, especialmente en materia de costos, competitividad y seguridad jurídica.
Diversas organizaciones empresariales han planteado la necesidad de abrir espacios de diálogo técnico para la reglamentación de la ley y la implementación de sus disposiciones, a fin de procurar consensos entre el Estado y los sectores productivos.
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