EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.
– La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) planteó este miércoles que la nueva legislación minera contemple mecanismos legales y financieros que garanticen la remediación ambiental y el cierre responsable de los proyectos extractivos desde antes del inicio de sus operaciones.
La entidad explicó que su propuesta de modernización de la Ley Minera 146-71 busca fortalecer el marco regulatorio vigente y contribuir a reducir las preocupaciones ciudadanas sobre los pasivos ambientales asociados a la actividad minera, según detalla un comunicado de prensa.
Camipe añadió que, la normativa actual no incorpora de manera integral herramientas obligatorias para una gestión minera responsable, como evaluaciones rigurosas de impacto ambiental, planes de cierre y remediación de minas, ni mecanismos formales de participación ciudadana.
La propuesta contempla que los planes de remediación ambiental formen parte del diseño inicial de cada proyecto minero y que cuenten con garantías financieras constituidas desde el inicio de las operaciones.
Recibe en tu correo las noticias más importantes del día El director ejecutivo de Camipe, Martin Valerio, señaló que esos recursos no dependerían de la voluntad de las empresas extractivas, sino que serían administrados mediante mecanismos públicos de asignación y seguimiento sujetos a normas de gobernanza, auditorías independientes y publicación periódica de información.
“Estos recursos no dependen de la voluntad de las compañías, más bien serán canalizados a través de mecanismos públicos de asignación y seguimiento bajo estrictas reglas de gobernanza, auditoría independiente y publicación periódica de información”, puntualizó.
Valerio indicó que la iniciativa busca asegurar que exista un plan de remediación antes del comienzo de cualquier actividad extractiva, de manera que se conozca cómo concluirá el proyecto antes de que inicie.
Asimismo, sostuvo que una minería moderna requiere reglas claras tanto para la inversión como para la protección ambiental, incluyendo permisos oportunos, fiscalización rigurosa, cierre planificado, garantías financieras y transparencia ante la ciudadanía.
La organización afirmó que el planteamiento está alineado con estándares internacionales ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como con los principios promovidos por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la cual la República Dominicana forma parte.
Además, consideró que la construcción de confianza ciudadana en torno a la actividad minera depende de mecanismos de rendición de cuentas, garantías financieras y sistemas de monitoreo que permitan una gestión transparente de los recursos naturales.
La entidad sostuvo además que la reforma de la legislación minera debe surgir de un proceso técnico y participativo que involucre al Estado, al sector privado, las comunidades y la sociedad civil.
De acuerdo con la organización, la propuesta no persigue reducir regulaciones, sino establecer un marco normativo más claro, exigente, transparente y aplicable, que contribuya al desarrollo sostenible y a una mejor gestión de los recursos naturales del país.
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