Intimación y aplazamiento revelan tensiones entre poderes y desafíos en la lucha anticorrupción
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional intimó a la Defensoría Pública para que designe un abogado a la empresa Impresor S.R.L., imputada en el caso Camaleón, bajo advertencia de desacato, mientras el juicio se aplaza al 22 de septiembre.
En una audiencia del caso Camaleón, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por Arlin Ventura e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, ordenó a la Oficina Nacional de Defensoría Pública designar un defensor para la empresa Impresor S.R.L., imputada en el proceso. La intimación, adoptada por mayoría, se produjo tras constatar que la coordinadora en el Distrito Nacional, Ángela Maritza Ramírez, no ha cumplido con el auto notificado el 20 de agosto, lo que llevó al tribunal a advertir sobre posibles acciones penales por desacato.
El caso, que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), es uno de los más visibles en la lucha contra la corrupción en República Dominicana. La paralización del juicio, debido a la falta de defensa para una de las empresas imputadas, refleja las tensiones entre el sistema judicial y las instituciones públicas, un tema que resuena en toda la región latinoamericana donde la corrupción es un desafío persistente.
El tribunal aplazó el juicio de fondo para el 22 de septiembre a las 9:00 de la mañana, porque el defensor público Robert Encarnación, quien asumió la defensa del imputado Manuel Eduardo Mora, no estaba preparado para analizar el voluminoso expediente digital. Ante esto, Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), advirtió que el incumplimiento de la orden judicial podría activar un proceso independiente por desacato contra la dirección de la Defensoría Pública.
La jueza presidenta Arlin Ventura, con voto disidente, propuso separar el juicio respecto a la empresa Impresor S.R.L. para evitar una paralización indefinida, una postura que resalta las diferencias entre los magistrados sobre cómo manejar las dilaciones. Ortiz, por su parte, señaló que el Ministerio Público solo busca que la Defensoría recapacite y envíe un defensor en la próxima audiencia, subrayando la importancia de que las instituciones cumplan sus roles para no vulnerar el derecho a un juicio justo y en un plazo razonable.
Este caso no solo es un termómetro de la lucha anticorrupción en el país, sino que también tiene implicaciones para la diáspora dominicana, que sigue de cerca los avances en la transparencia institucional. La decisión del tribunal de recordar el deber ético de los abogados salientes de traspasar los documentos a la nueva defensa busca evitar entorpecimientos, un llamado que podría sentar precedentes en otros procesos de alta corrupción en la región.
