Ministerio Público pide tres meses de prisión preventiva contra pastor y otro imputado por trata de menores
La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó por segunda vez la solicitud de medida de coerción contra el pastor Ángel Gabriel Capellán y otro imputado por trata y explotación laboral de menores desde una fundación de Haina, para que las madres de los 13 niños constituyan abogados que las representen.
La audiencia se fijó ahora para el martes 15, más de una semana después de que Capellán e Isaías Muñoz, el otro señalado por el Ministerio Público, fueran detenidos.
Según los abogados del pastor, las mujeres no se han querellado y no se sienten representadas por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic). Las progenitoras, que se manifestaron en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, han negado que Capellán maltratara a los niños y aseguran, algunas de ellas, que llegaron a vivir también en la fundación ‘Restaurando Vida, Un Muerto que Revive’ que dirige Capellán, conocido también como el Pastor.
A la citada sede judicial se manifestaron Nathaly Feliz, Ana Cristina Galante Ureña y Rosa Familia Alcántara, quienes han manifestado que residían en la institución intervenida por las autoridades junto a sus hijos, así como Kasandra Ramírez, una colaboradora que, afirma también vivió en el lugar por varios años. Los abogados Luis Carela y Manuel Soto Lara, representantes del Pastor, afirman que el Ministerio Público se niega a que las mujeres participen en el proceso penal. Soto Lara sostuvo que los niños solo han sido vistos por sus progenitoras en cámara Gesell desde que fueron sacados de la fundación.
La fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (Uavigids), dijo en un principio que el Ministerio Público pide la imposición de tres meses de prisión preventiva en contra de los imputados. La investigación se inició el pasado 28 de agosto después de que un niño de 12 años escapara de la fundación y acudiera al destacamento policial de Hatillo, donde habría solicitado protección. Posteriormente, las autoridades realizaron allanamientos en el lugar y localizaron a otros 13, desde cuatro meses de edad hasta preadolescentes. Según el Ministerio Público, el expediente incorpora, entre otras evidencias, entrevistas de psicología forense y certificados médicos practicados a los niños, además de las actas de los allanamientos realizados por las autoridades.
