Juez aplaza para el 5 de octubre por licencia médica y falta de traslado de imputados en red de cohecho
La audiencia preliminar del caso de sobornos Operación Lobo fue aplazada este lunes por el juez Deiby Timoteo Peguero, mientras la defensa del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González sostiene que este fue víctima de extorsión por funcionarios públicos para obtener contratos de seguridad en Senasa y las EDE.
El Séptimo Juzgado de Instrucción reprogramó para el 5 de octubre a las 9:00 de la mañana la audiencia preliminar del caso Operación Lobo, que investiga una presunta red de sobornos en la que se imputa al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González por pagar más de 108 millones de pesos en coimas para obtener contratos de seguridad en la ARS Senasa y las empresas distribuidoras de electricidad (EDE). La suspensión se debió a una licencia médica presentada por uno de los imputados y a la falta de traslado de otros dos que cumplen arresto domiciliario.
El abogado Carlos Balcácer, defensor de Rodríguez González, argumentó que su cliente debió ser presentado como testigo o víctima y no como imputado de cohecho. Según Balcácer, los pagos por los contratos de seguridad a la empresa Senase se retrasaban para que el empresario accediera a pagar las coimas.
Balcácer afirmó que fue su cliente quien aportó los documentos, nombres de restaurantes y oficinas donde se reunió con los extorsionistas que le exigían un porcentaje para recibir puntualmente los pagos. Aseguró que la acusación del Ministerio Público indica que le pedían, por ejemplo, 700 mil pesos y quedaron en 500 mil; otro le solicitó 2 millones y acordaron un millón. ‘A este señor lo desvalijaron prácticamente para que él cobrara al día en el Banco de Reservas’, declaró.
Entre los 14 imputados figuran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; el coronel Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad de Inaipi; el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; el civil Bolívar Nicolás Fernández, exencargado de Edenorte; y el coronel Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste. También el coronel Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de Senasa, y el de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL. La audiencia también notificará a las partes sobre las ‘concretizaciones civiles’ de los abogados del Estado que procuran resarcimiento económico para el erario público.
