Tras las denuncias de residentes en el distrito municipal de La Caleta, el Consejo Estatal del Azúcar y la Dirección General de Bienes Nacionales desmienten su participación en los desalojos que se han presentado en la localidad.
Al establecer contacto con el encargado de comunicaciones de la institución, o miembros de ella en los desalojos.
En ese sentido, el presidente ejecutivo de Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco , dijo que, tras los reportajes publicados por el Listín Diario, el director del CEA y Bienes Nacionales, , prometió respaldar a los afectados ante los desalojos provocados en horas de la noche.
Después de una serie de reportajes, respondió que “iban a tratar a esas personas con dignidad y que iban a respaldar, que le iban a buscar la vuelta a esas necesidades de esa población de 90,000 habitantes”, manifestó al ser contactado por este medio.
Peña aclaró que los desalojos están siendo ejecutados por personas no identificadas que irrumpen en y madrugada, sin portar un documento que indique la justificación de la acción ni la presencia de una orden filmada y autorizada.
“Siempre aparecen personas que, sin ninguna orden del abogado del Estado ni tampoco del se presentan con personajes de manera violenta a desocupar las viviendas en esos lugares con equipo pesado en horas de la madrugada o en la noche cuando la gente está descansando en reposo en medio de los apagones o de lluvia”, aseveró.
Codonbosco, sus 32 organizaciones integrantes y las 42 del realizan un campamento en la calle marginal Las Américas, en Santo Domingo Este, durante 12 días en demanda al presidente Luis Abiander, para que este declare de utilidad pública los terrenos del Estado.
Además, solicitan la entrega de títulos a quienes han residido en el terreno durante más de 40 años.
Según los residentes en el municipio de La Caleta, el mandatario habría prometido la entrega de los títulos a cada una de las familias que residen dentro de los terrenos del Gobierno dominicano, por lo que ahora reclaman el cumplimiento de esa promesa.
Otra demanda que presentaron los comunitarios es que una persona que reclama la propiedad de unos terrenos los amenaza con el cierre de las calles, que aseguran son de uso público.
Esta situación los atemoriza debido al miedo de quedar incomunicados dentro de la zona donde han residido por varios años.
Apelan por la intervención de las autoridades para evitar que se cometan actos de violencia o conflictos.
La comunidad no pierde la esperanza de contar con la tranquilidad que han pedido a las autoridades del Estado para no continuar sufriendo los desalojos por personas no identificadas y las amenazas del bloqueo de las vías que los conectan con otros sectores..
