Informe revela diferencias de 204.9 millones y viáticos por 47.5 millones sin documentación en gestión de Radhamés González
La auditoría de la Contraloría General de la República sobre la OMSA, publicada el 2 de octubre por orden del presidente Abinader, expone graves deficiencias administrativas y contables que podrían tener implicaciones en la confianza pública y la gestión estatal.
La Contraloría General de la República (CGR) hizo pública una auditoría que detecta múltiples irregularidades en la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) entre el 16 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2024. El informe, divulgado el viernes 2 de octubre tras la orden del presidente Luis Abinader de transparentar las auditorías, señala una diferencia de 204.9 millones entre los registros físicos y contables de inventarios, y 47.5 millones en viáticos sin la documentación requerida.
La fiscalización, que abarca la gestión de Radhamés González (16 de agosto de 2020 al 17 de agosto de 2025), también identificó una distorsión de 126.7 millones en indemnizaciones laborales, 55.2 millones en ingresos no registrados y 96 millones en cuentas por pagar vencidas. Además, se encontraron deficiencias en la administración de activos, contrataciones públicas, manejo de combustible, nómina, tesorería y transparencia institucional.
En el depósito de Las Caobas se detectaron descuadres por 107.9 millones en el balance de combustible y 2.7 millones en repuestos, así como 30.7 millones en inventario en tránsito cuyos bienes no habían sido recibidos. La OMSA utilizaba requisiciones manuales para el combustible, sin sistema informático de trazabilidad, y la persona encargada de medir los niveles en los tanques también era responsable de despacharlo, lo que comprometía la segregación de funciones.
El informe subraya que la OMSA no contaba con estados financieros auditados para los años 2020-2023 y mantenía desactualizada parte de la información en su portal de transparencia. También se hallaron inconsistencias entre el Plan Operativo Anual, el Plan de Recursos Humanos y el PACC, y de nueve terrenos ocupados, solo uno estaba registrado ante la DGII. Estos hallazgos se producen en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en la administración pública dominicana.
