En los últimos seis años, la República Dominicana avanzo en la consolidación del proyecto de digitalización del Registro Civil, posteriormente catapultado al amparo de la Ley núm. 4-23, un proceso liderado por la Junta Central Electoral, empeñada en transformar los archivos físicos en un sistema electrónico moderno. La iniciativa comprende el escaneo de millones de folios, la implementación de firmas digitales, la incorporación de datos biométricos y la consulta en línea de actas del estado civil. Dicho escenario invita a reflexionar sobre la relación entre tecnología y democracia, y en particular sobre el modo en que la primera reconfigura el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones electorales. La promesa democrática que aquí analizamos, no se cumple sola: depende de a quién se decida servir.
Cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones consignó, en su resumen ejecutivo de 2018, que más de la mitad de la población mundial se conectaba ya a internet, dicho dato no era únicamente una cifra de cobertura. Anunciaba un cambio de época. La vida social, jurídica y política dejó de transcurrir solo en el espacio físico para desdoblarse en un territorio nuevo, donde el ciudadano se informa, delibera, reclama y, cada vez con mayor frecuencia, se relaciona con el Estado. Antonio-Enrique Pérez Luño nombró temprano esa mutación cuando habló de una ciberciudadanía: una forma de pertenencia política que las categorías heredadas del constitucionalismo clásico apenas alcanzan a contener.
No se trata de una metáfora feliz. Manuel Castells ya había advertido, desde la sociología, que la sociedad red altera la estructura misma del poder, porque quien administra los flujos de información y comunicación administra también buena parte de la deliberación colectiva. Pierre Lévy fue más lejos y acuñó la idea de una ciberdemocracia sostenida en la inteligencia colectiva. Entre el entusiasmo del filósofo y la cautela del sociólogo se juega una discusión que a un organismo electoral centenario como la JCE le concierne de manera directa, porque es, quizá, la institución del Estado donde la relación entre tecnología y confianza se vuelve más tangible.
La promesa se ha convertido en realidad y conviene enunciarla sin timidez: la tecnología ha permitido a las administraciones electorales concretar principios que antes eran más aspiración que práctica, como la transparencia y la celeridad. Las herramientas digitales operan como vehículos de información que ponen en manos del ciudadano un caudal de datos sobre la vida pública que ninguna generación anterior tuvo a su alcance. Y donde hay más información disponible, hay condiciones para una participación mejor informada Por eso resulta evidente el rol asertivo de la JCE, que cumple su tarea registral de manera sistemática mediante el plan de digitalización del Registro Civil, orientado a transformar y automatizar millones de folios físicos y actas del estado civil. Esa modernización facilita los servicios a la ciudadanía y fortalece la seguridad de la identidad nacional.
La reflexión sobre el tema cobra importancia, porque la enfermedad silenciosa de nuestras democracias no es el exceso de participación, sino su ausencia. La llamada desafección democrática, estudiada con rigor por Mariano Torcal en el ambito latinoamericano, se alimenta del desinterés del ciudadano por incidir en las decisiones que afectan a su comunidad. En ese hilo recuerda maría Zambrano que la democracia exige una ciudadanía activa, y que sin participación no queda más que un cascarón procedimental. Frente a ello, las tecnologías de la información abren canales que antes no existían: foros virtuales, consultas sobre normativas e intercambios directos con servidores públicos, según documentan Concha y Naser en sus trabajos para la CEPAL sobre gobierno abierto.
Hay aquí una promesa deliberativa que remite, lo reconozca o no el debate técnico, a la vieja idea de Habermas de una esfera pública donde los asuntos comunes se discuten en condiciones de relativa igualdad. La comunicación deja de ser vertical y unidireccional para volverse multinivel e interactiva, y acorta la distancia entre representantes y representados que las democracias meramente representativas habían naturalizado. Clelia Colombo lo formuló con precisión al preguntarse si la innovación democrática apoyada en las TIC nos acerca, en efecto, a una democracia participativa.
La digitalización altera, además, la textura misma de la relación política. Multiplica los actores que intervienen, favorece vínculos más horizontales y descentraliza el flujo de la información, de modo que el ciudadano no solo elige cada cierto tiempo, sino que vigila, comenta y exige rendición de cuentas de manera continua. Pierre Rosanvallon llamó contrademocracia a esa vigilancia permanente: no el reverso de la democracia, sino su complemento, el conjunto de contrapoderes con que la sociedad controla a quienes gobiernan. Las nuevas tecnologías han dado a esa función un alcance que hace apenas dos décadas era impensable.
Nuestro país ofrece un caso concreto para poner a prueba esas ideas. Desde 2008, se asiste a un fortalecimiento sostenido de su Registro Civil, proceso que se consolida de manera significativa a partir de diciembre de 2020: la automatización de sus procesos, la unificación de expedientes en archivos digitales, la incorporación de información biométrica y un sistema integral que hoy alcanza cerca del 95 % de las oficialías del estado civil. Lo que puede parecer una reforma administrativa es, en rigor, algo más de fondo. La identidad segura y confiable es la puerta de entrada de toda la arquitectura electoral: sin un documento que sostenga sin sombra de duda quién es cada quien, no hay padrón fiable, y sin padrón fiable no hay elección legítima.
Sobre esa base se han levantado innovaciones que la ciudadanía ya usa sin reparar demasiado en su complejidad: el mapeo georreferenciado de los colegios electorales, la consulta en línea que permite al elector saber dónde y en qué mesa le corresponde votar, los sistemas para regular a partidos y candidatos, y una logística electoral asistida por tecnología. Cada una de esas piezas traduce un principio abstracto —la transparencia, la certeza, la igualdad de acceso al voto— en un gesto cotidiano.
Vale detenerse en lo que ese cambio significa para quien vota. Hasta no hace mucho, ubicar el recinto y la mesa correspondientes suponía trasladarse, hacer fila, consultar listados impresos. Hoy esa gestión cabe en la pantalla de un teléfono, y el dato llega antes de salir de casa. Es una comodidad menor en apariencia; en el fondo, es una redistribución del tiempo y del esfuerzo que el Estado deja de descargar sobre el ciudadano, y una señal de respeto hacia él.
Ahora bien, sería ingenuo, y hasta irresponsable desde una visión académica, presentar este relato como una marcha triunfal. La promesa digital no se cumple por sí sola. Evgeny Morozov ha desmontado con dureza lo que llama el ciberutopismo: la creencia de que basta introducir tecnología para que florezca la democracia. La misma herramienta que informa puede desinformar; la que conecta puede aislar. Cass Sunstein advirtió hace ya dos décadas, en República.com, sobre las cámaras de eco que fragmentan la conversación pública en tribus que solo se escuchan a sí mismas. Y Pippa Norris nos obliga a no olvidar la brecha digital: cada avance que celebramos deja fuera a quien no tiene conexión, dispositivo o alfabetización para aprovecharlo, de manera que una participación mal diseñada puede ampliar, en vez de reducir, las desigualdades que dice combatir.
A ello se añade un problema de diseño que la experiencia regional expone con crudeza. Muchos gobiernos exhiben plataformas modernas para digitalizar la carga burocrática, el trámite en línea, el formulario electrónico, pero conciben esos proyectos desde la lógica de la administración y no desde la del ciudadano. La pregunta decisiva no es cuánta tecnología incorpora una institución, sino a quién sirve. Una digitalización centrada en el Estado optimiza el aparato; solo una centrada en la persona amplía la democracia.
Queda, por encima de todo, la cuestión de la confianza, que es el capital más escaso y más frágil de cualquier autoridad electoral. Recuperar y sostener la fe de los actores políticos, de la sociedad civil y de la ciudadanía en el uso de la tecnología aplicada a los comicios no se logra con anuncios ni con adquisiciones costosas, sino con resultados verificables y con pedagogía. Aquí, para completar la visión integrar del proceso bajo análisis entra, además, otro factor generalmente no perceptible, la educación cívica y electoral, impartida desde el IESPEC como órgano de formación por excelencia de la JCE, dejando de ser un accesorio para volverse el centro. De poco sirve una aplicación sofisticada si el primer votante no comprende cómo funciona la institución que la ofrece, ni cómo se cuenta el voto que va a emitir.
Norberto Bobbio nos enseñó que el futuro de la democracia no consiste en sustituir la representación por la participación directa, sino en hallar el punto donde una fortalece a la otra. Trasladada a nuestro rol, esa lección impone un rumbo: una Junta Central Electoral pensada en clave de servicio, una JCE 3.0, si se quiere el término, capaz de acercar a los jóvenes y a los primeros votantes con contenidos digitales atractivos, aplicaciones amigables y una comunicación que explique en lugar de deslumbrar.
La tecnología no es, ni será nunca, un fin en sí misma. Es un medio, y su valor democrático depende por entero del propósito que la guíe y de la persona que decidamos colocar en el centro. La casa de la identidad tiene ya cimientos sólidos. Lo que levantemos sobre ellos —una democracia más transparente y participativa, o apenas una administración más veloz— no lo dirá la máquina. Lo diremos nosotros.
Conviene, para ir cerrando la reflexión, mirar el caso dominicano como el punto donde ambas variables, la tecnología y la elección, se anudan sin que ninguna se explique sin la otra. La automatización del Registro Civil no es un logro informático que corre en paralelo a los comicios: es su condición de posibilidad. Cada oficialía digitalizada y cada rasgo biométrico incorporado se traducen, aguas abajo, en un padrón más confiable, en un colegio electoral que el elector localiza con certeza y en una jornada de votación cuya logística puede auditarse. Resaltar que la estrategia de la transformación del Registro Civil no solamente como un proceso tecnológico, sino como proceso de profesionalización de las personas que lo administran y supervisan y aquí cabe resaltar el rol formativo jugado por el IESPEC, como espacio académico de la JCE en dicha consolidación.
La tecnología aplicada al registro civil, aquí, no impacta por su sofisticación, sino por lo que le devuelve en la trazabilidad al proceso electoral: certeza sobre quién vota, dónde y bajo qué reglas. Y cada proceso electoral, a su vez, le impone a la tecnología su prueba más exigente, la única que de veras cuenta, que es la de merecer la confianza del ciudadano que deposita su voto. En esa dependencia recíproca, y no en la simple acumulación de herramientas, se juega la calidad democrática de la República Dominicana.
Felipe Carvajal de los Santos
Politólogo. Máster en Estudios Políticos y Electorales,
Universidad de Granada – PUCMM
