Lo que todo inversor español debe examinar antes de apostar por el mercado dominicano
La presencia dominicana en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) 2026 evidenció el atractivo del país caribeño para el capital ibérico. Más de cuarenta empresas locales ocuparon un pabellón de quinientos metros cuadrados y presentaron proyectos, incentivos fiscales y un entramado legal que, sin embargo, exige un análisis riguroso antes de cualquier desembolso.
Según datos de ProDominicana, la inversión procedente de España pasó de USD 354.5 millones en 2019 a USD 1,126 millones en 2024, un incremento superior al 217 por ciento. La inversión extranjera directa total cerró el año pasado en USD 4,523 millones, con el turismo y el sector inmobiliario como grandes receptores.
Tres instrumentos jurídicos resultan determinantes. El Convenio para Evitar la Doble Imposición, en vigor desde julio de 2014, limita al 10 por ciento la retención aplicable a dividendos, intereses y cánones. Su protocolo exige presencia física para la prestación de servicios profesionales e incorpora cláusulas antiabuso que suspenden los beneficios cuando la estructura carece de sustancia económica real.
La Ley 158-01 o CONFOTUR concede exenciones al primer adquirente de proyectos turísticos clasificados, incluyendo el Impuesto de Transferencia Inmobiliaria del 3 por ciento. El promotor disfruta de ventajas adicionales sobre renta e importaciones, pero las operaciones de reventa quedan fuera del régimen especial.
La Ley 16-95 de Inversión Extranjera completa el trípode normativo al otorgar al inversionista foráneo los mismos derechos sustantivos que al local y permitir la repatriación de capital y dividendos en divisas convertibles. Para negocios con actividad sustantiva, los especialistas sugieren una sociedad local controlada por una holding española, configuración que facilita el flujo de dividendos dentro del convenio.
