Colombia anunció una política migratoria más estricta, alineándose con República Dominicana y Estados Unidos. Esta tendencia regional plantea desafíos para la diáspora dominicana y redefine el enfoque de control en América Latina.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el inicio de un proceso para combatir la migración irregular, colocando al país sudamericano en una línea de mayor control que República Dominicana ha mantenido durante años y que, bajo la administración de Donald Trump, se ha convertido en un pilar de la política estadounidense. La medida, reportada por medios colombianos, refuerza la deportación de inmigrantes en situación irregular, priorizando a aquellos vinculados a actividades delictivas.
Este cambio es significativo porque Colombia fue uno de los principales destinos de migrantes venezolanos en la última década y desarrolló amplios mecanismos de regularización. Ahora, el endurecimiento introduce un componente más fuerte de control y expulsión, similar al modelo dominicano, que ha deportado a más de 100,000 personas en 2024, según la Dirección General de Migración (DGM).
La tendencia regional se consolida con el interés de Chile, cuyo dirigente José Antonio Kast visitó República Dominicana y calificó la experiencia como ‘relevante y ejemplar’. Estados Unidos, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, ha ampliado las deportaciones y endurecido las restricciones, lo que crea un contexto de mano dura migratoria en toda la región.
Para la diáspora dominicana, esta tendencia podría implicar un mayor escrutinio en los países de tránsito y destino, así como un reforzamiento de las políticas de control en la región. La medida colombiana permitirá medir hasta qué punto el país adopta mecanismos comparables con los de otros gobiernos, combinando operativos contra la migración irregular con las obligaciones de protección de los migrantes.
