Pared Polis rechaza fondos para defensa legal de inmigrantes detenidos por el ICE
El gobernador de Colorado, Jared Polis, vetó una ley que habría financiado asistencia legal para inmigrantes que denunciaran abusos de agentes federales, días después de firmar una proclamación en honor a las contribuciones de los inmigrantes.
El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, vetó este jueves una ley destinada a proteger los derechos constitucionales de los inmigrantes detenidos en operativos federales. La medida, promovida por la senadora estatal demócrata Julie Gonzales y respaldada ampliamente por ambas cámaras, habría creado una vía legal para que cualquier persona accediera a servicios jurídicos financiados por Colorado si consideraba que agentes federales habían vulnerado sus derechos.
El veto contrasta con una proclamación emitida por Polis a comienzos de la semana, en la que llamó a «honrar las diversas culturas de inmigrantes» y a «reconocer que la vitalidad de nuestra economía, nuestra cultura y nuestras comunidades se fortalece continuamente gracias a las habilidades, el trabajo arduo y el compromiso cívico de los inmigrantes».
La ley estipulaba un monto inicial de 125.000 dólares para el costo de representación legal de los inmigrantes que decidieran iniciar un «recurso de equidad o cualquier otro recurso apropiado» hasta dos años después del incidente en el que podrían haber sido afectados. Karen Orona, portavoz de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), dijo a que «durante meses, los habitantes de Colorado han escuchado historias y visto videos de detenciones violentas por parte del ICE ocurriendo en todo el estado». Añadió que hay «videos de ventanas de automóviles destrozadas y relatos sobre una madre y su hijo retenidos como rehenes por el ICE para presionar a un padre a entregarse».
Según Orona, la ley «ofrecía una vía legal para exigir responsabilidades a los funcionarios federales por tales abusos». Eso significa que, de haber sido aprobada, los inmigrantes habrían contado con el marco legal necesario para demandar a funcionarios federales que presuntamente no hubieran respetado los derechos constitucionales durante las operaciones de control migratorio. Datos de la Oficina de Nuevos Estadounidenses de Colorado indican que un 10 % de la población del estado (unas 630.000 personas) es de origen inmigrante, que aportan unos 9.500 millones de dólares anuales a la economía local.
