El caso expone tensiones entre infraestructura de residuos y derechos comunitarios en Santo Domingo
La construcción de un vertedero de basura en La Cuaba, Pedro Brand, ha desatado más de cuatro meses de protestas que suman a 32 organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas. La muerte a tiros de Rayli Antonio Rodríguez Soriano, de 26 años, el 8 de agosto, sin responsables identificados, ha marcado el conflicto.
La comunidad de La Cuaba, en el municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo, rechaza desde hace más de cuatro meses la construcción de un vertedero de basura. Los residentes alegan que la obra llenará de insalubridad y desasosiego el lugar. Grupos de ecologistas advierten sobre el peligro para el río Matúa y los arroyos que alimentan de agua y frescura esa zona. La actividad agrícola, el medioambiente y la economía de las comunidades de la zona también estarían amenazadas.
El conflicto se centra en el paraje Los Aguacates, donde funciona un campamento de protesta. Allí, el 8 de agosto de este año, fue asesinado a tiros el joven de 26 años Rayli Antonio Rodríguez Soriano, sin que las autoridades hayan identificado al responsable de los disparos. A pesar de este hecho, las 32 organizaciones comunitarias, sociales, ambientales y religiosas que rechazan la obra continúan firmes.
El colectivo «No al Vertedero», que coordina la protesta, está integrado por juntas de vecinos y comunitarios de los parajes Los Aguacate y El Pedregal, y ha realizado múltiples manifestaciones. A ese movimiento se han integrado congregaciones religiosas que han oficiado eucaristías y han condenado en sus prédicas la intención de instalar allí el vertedero. También se sumó la Federación de Confraternidades de Iglesias Evangélicas.
Los comunitarios sostienen que las emisiones de gases, los malos olores y el tránsito de vehículos pesados que generaría la operación del proyecto harían imposible la vida en esa zona. Además, advierten que serían 400 camiones diarios transportando desperdicios sólidos en las comunidades afectadas. El caso refleja un pulso entre la gestión de residuos y los derechos de las comunidades en Santo Domingo.
