Fiscalización abarca contratos por más de RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones en todo el territorio nacional
La Contraloría General de la República evaluó 337 inmuebles y autorizó 328 contratos de alquiler entre marzo y agosto de 2026, como parte de una normativa que obliga a fiscalizar los arrendamientos estatales. La medida busca transparentar el uso de fondos públicos y prevenir compromisos contractuales innecesarios.
El contralor general, Gerardo Espinosa, explicó que el proceso de fiscalización técnica abarcó 337 inmuebles vinculados a contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas, de los cuales 328 recibieron autorización de no objeción. Los contratos involucran un monto conjunto superior a RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones.
Las evaluaciones fueron realizadas por el Departamento de Ingeniería y Arquitectura, que inspeccionó 243 inmuebles y otorgó 236 autorizaciones, y por la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, que evaluó 94 y autorizó 92. Las inspecciones verifican localización, condiciones y características de los bienes que utiliza el Estado.
El informe señala que las inspecciones tienen alcance nacional, con mayores montos contratados en el Gran Santo Domingo, y registra operaciones en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras localidades. Predominan inmuebles para oficinas, almacenes y estacionamientos, además de centros educativos privados usados para docencia pública.
Espinosa subrayó que la fiscalización busca que las decisiones administrativas estén acompañadas de verificaciones técnicas y contribuyan al uso racional de los fondos públicos. ‘Nuestro propósito es que el control no sea simplemente un trámite. Debe servir para prevenir, ordenar y ofrecer mayores garantías del manejo pulcro de los bienes del Estado’, puntualizó. Se recibieron 351 solicitudes, de las cuales 14 quedaron pendientes o programadas.
