Nuevas exigencias buscan cerrar brechas en el control financiero del Estado
Las entidades gubernamentales dominicanas deberán ajustarse a un marco más riguroso para tramitar desembolsos vinculados a cesiones de crédito. La Contraloría General de la República (CGR) comunicó que devolverá sin trámite aquellos expedientes que no satisfagan los criterios recién establecidos, en una ofensiva contra posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La medida apunta directamente a los pagos que se realizan a terceros en el contexto de contratos de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios. El organismo fiscalizador advirtió que la falta de cumplimiento con los nuevos parámetros bloqueará cualquier intento de procesar estas operaciones financieras.
Entre las condiciones indispensables figura el registro obligatorio del cesionario como beneficiario ante la Tesorería Nacional. Asimismo, la persona o entidad receptora debe aparecer inscrita en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) antes de que se autorice cualquier desembolso.
Para aquellos casos en los que no exista dicha inscripción, las instituciones correspondientes tendrán la responsabilidad de gestionarla conforme a la normativa vigente. Este esquema persigue fortalecer la trazabilidad de los recursos públicos y minimizar los riesgos asociados a triangulaciones o pagos sin el debido respaldo documental.
La disposición forma parte de un esfuerzo más amplio por transparentar las operaciones del Estado dominicano. Al exigir que cada eslabón de la cadena de pago quede debidamente identificado y registrado, la CGR eleva los estándares de control interno y desalienta prácticas que históricamente han generado vulnerabilidades en la administración financiera pública.
