La DGCP busca evitar que firmas vinculadas a investigados sigan contratando con el Estado
La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió de oficio y con carácter cautelar del Registro de Proveedores del Estado a cuatro personas jurídicas, tras detectar vínculos societarios con otros proveedores investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública. La medida, que no implica culpabilidad penal, busca prevenir el uso de estas sociedades como mecanismos de actuación indirecta.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio y con carácter cautelar del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro personas jurídicas: Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK, 1000, SRL.
La decisión se adoptó luego de que se detectaran vínculos societarios, de accionistas o directivos con otros proveedores cuyos registros están suspendidos por investigaciones del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública.
El órgano rector fundamentó la medida en procesos de verificación, interoperabilidad y cruce de información. El propósito es prevenir el riesgo de que dichas sociedades operen como mecanismos de actuación indirecta para mantener la participación económica en contrataciones públicas de personas vinculadas a expedientes de corrupción administrativa.
La DGCP aclaró que la resolución no constituye una sanción ni una declaratoria de culpabilidad penal. La suspensión temporal seguirá vigente hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones o hasta que cesen las circunstancias que motivaron el vínculo. Los afectados podrán interponer un recurso de reconsideración ante la DGCP o acudir al Tribunal Superior Administrativo en un plazo de treinta días.
