Un análisis detalla cómo la corrupción y el gasto irregular comprometen el futuro económico del país
Un análisis periodístico advierte que la corrupción pública en la República Dominicana es rampante y selectiva, con un déficit fiscal que alcanza el 16.1% del Presupuesto Nacional y el 3.2% del PIB, mientras el gobierno recurre a empréstitos que hipotecan el porvenir dominicano.
En un artículo firmado por Danilo Cruz Pichardo el 13 de septiembre de 2026, se denuncia que los actos de corrupción en el presente llevan a pensar que Danilo Medina, a través del Ministerio Público, fue cogido de ‘mampara’ cuando miembros de su entorno político, militar y familiar fueron involucrados en expedientes judiciales con nombres de animales marinos que todavía se ventilan en los tribunales. Aunque estos casos tienen argumentos probatorios sólidos, están lejos de ser los únicos hechos de reculado en el Estado dominicano en los últimos tiempos.
El texto califica estos acontecimientos como noticiosos de carácter selectivo, con una evidente intención de ocasionar daño. Aparte de esos eventos, se pueden contar con los dedos de una mano las sanciones contra otras maniobras ilícitas practicadas desde las instituciones públicas. Se menciona el escándalo de Senasa y el castigo contra el principal acusado de un fraude inicial de 15 mil millones de pesos, Santiago Hazim, pero se obvia que cuando fue apresado ya estaba en franca desgracia con el poder. Al momento de escribir, se denunciaba corrupción pública a mayor nivel en no menos de 13 instituciones, y dos de los responsables fueron promovidos a puestos de mayor jerarquía en los recientes cambios del Poder Ejecutivo.
El autor cuestiona la ausencia de la Cámara de Cuentas y señala que se estima que en el 90% de los órganos estatales se registran irregularidades de diferentes tipos. Una de las más comunes, aunque menor, es la pluriactividad o multiempleos ilegal en varias oficinas estatales simultáneamente, violando el Art. 144 de la Constitución y el Art. 80, numeral 5, de la Ley 41-08. El Ministerio de Administración Pública debió corregir con un simple cruce de nóminas que una misma persona cobre en dos y tres oficinas públicas. La gravedad aumenta cuando oficiales policiales y militares aparecen en nóminas públicas, así como empresarios y funcionarios de elección popular, pese a que solo la labor docente es compatible con sus cargos.
El texto sostiene que esperar corrección es un sueño, pues el Gobierno desde la cúspide pone el mal ejemplo. Desde agosto de 2020, Abinader empezó a designar empresarios en cargos públicos en las mismas áreas en que se desenvuelven en el sector privado, generando conflictos de intereses que prohíben los Art. 135 y 138 de la Constitución, así como las leyes 340-06 y 120-01. Varios de esos empresarios ocupan múltiples funciones públicas. La razón principal del déficit fiscal está en las irregularidades del gasto corriente: un agujero fiscal que representa el 16.1% del Presupuesto Nacional y el 3.2% del PIB, que podría corregirse con medidas de austeridad, pero el gobierno opta por la toma de empréstitos regulares, dando una apariencia de bienestar inmediato pero comprometiendo seriamente el futuro económico de los dominicanos.
