Caso reaviva debate sobre violencia y protección a profesionales en RD.
El juzgado de instrucción de San José de Ocoa aplazó hasta el 8 de agosto la medida de coerción contra Adriana Cuello Minyetty, imputada de matar con arma blanca a la abogada Leidy Soto Cáceres, mientras un segundo sospechoso, Luis Eduardo Aristy, fue entregado a la policía, en un caso que ha generado conmoción nacional y cuestionamientos sobre la seguridad de los profesionales del derecho.
La audiencia, presidida por el juez Jorvy Armando Sánchez Eusebio, fue diferida para permitir que la imputada, quien llegó al Palacio de Justicia con chaleco antibalas y bajo fuerte custodia, cuente con su medio de defensa. El Ministerio Público, representado por Juan Ysidro Minyetty y José Altagracia Castillo, ha calificado el hecho como homicidio, según el artículo 91 del Código Penal Dominicano y la ley 74-2025.
El caso ha puesto en el centro del debate nacional la creciente ola de violencia y la vulnerabilidad de los profesionales del derecho en República Dominicana, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para quienes ejercen la abogacía. La muerte de Soto Cáceres, ocurrida el pasado 1 de agosto en el sector Los Maestros de Ocoa, ha sido tendencia en redes sociales, donde se exige justicia.
En un giro relevante, el abogado Alexis Mateo entregó a Luis Eduardo Aristy a las autoridades, luego de que familiares de la víctima lo señalaran como coimputado. Aristy fue interrogado en el cuartel de la trigésima sexta compañía de la Policía Nacional en Ocoa, aunque no se han ofrecido detalles sobre su presunta vinculación con el crimen.
El aplazamiento de la medida de coerción y la aparición de un segundo implicado subrayan la complejidad del caso, que sigue bajo investigación. La comunidad jurídica del país observa de cerca el proceso, que podría sentar precedentes en el manejo de casos de violencia contra profesionales y en la aplicación de la nueva ley 74-2025.
El próximo 8 de agosto, el tribunal retomará el conocimiento de la solicitud de coerción, en un clima de expectativa tanto por la resolución judicial como por las implicaciones sociales y legales que este caso podría tener para el sistema de justicia dominicano y la protección de los abogados en el ejercicio de su labor.
