Organizaciones denuncian opacidad y falta de atención médica en prisiones ecuatorianas
Familiares de presos en Ecuador denunciaron este martes presuntas muertes por tuberculosis y desnutrición en varias cárceles del país, así como la falta de atención médica y restricciones a las visitas. La denuncia evidencia la profunda crisis penitenciaria que atraviesa la nación andina, mientras el Gobierno niega epidemias infecciosas en las prisiones.
El Comité de Familias por una Vida Digna, que reúne a parientes de reclusos de distintos penales de Ecuador, denunció este martes en Quito presuntas muertes por tuberculosis y desnutrición, además de la supuesta falta de atención médica y la suspensión de visitas en varios centros. La denuncia fue presentada frente a la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), ente encargado de las prisiones.
Ana Morales, directora del Comité, calificó la situación como «totalmente inhumana» y acusó al Estado de «deshumanizar» la vida y la dignidad de los reclusos. Morales afirmó que en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, se habrían registrado siete muertes por tuberculosis en los últimos días. Estefanía Salinas, vicepresidenta nacional de la organización, señaló que las familias viven «una condena paralela: la angustia permanente de no saber si están vivos, enfermos, heridos o siendo víctimas de abuso».
Los familiares también denunciaron restricciones a las visitas presenciales en las cárceles de Esmeraldas, Machala y la del Encuentro, esta última de máxima seguridad e inspirada en el modelo de Nayib Bukele. Según Morales, algunas familias se enteran meses después de la muerte de sus allegados; relató el caso de una mujer que descubrió en una morgue que su familiar había fallecido en marzo, y el de un ciudadano venezolano que supo en octubre que su hijo había muerto en agosto del año pasado. Muchos fallecidos habrían sido enterrados en fosas comunes sin notificar a sus familias.
Esta crisis se enmarca en la ola de violencia que ha azotado a Ecuador en los últimos años, con cárceles convertidas en centros de coordinación de actividades criminales. Desde 2024, el Gobierno ha decretado varios estados de excepción para combatir la violencia y controlar los recintos penitenciarios, mientras persisten las denuncias de organismos de derechos humanos sobre las condiciones inhumanas en las prisiones.
