Gestión tras diálogos comunitarios impacta a 10,000 ciudadanos y pone rostro humano a la Constitución
La falta de transporte sanitario en emergencias es una barrera crítica para el derecho a la vida. Una intervención estatal en San Juan, registrada en el Sistema M158, benefició a miles de personas y evidencia la urgencia de garantizar servicios públicos efectivos en todo el país.
Hay momentos en los que el Estado se mide en minutos. Una emergencia médica es uno de ellos. Cuando una persona necesita llegar a un hospital, la distancia, la falta de transporte o la ausencia de una ambulancia pueden convertir una dificultad cotidiana en una amenaza para la vida. En esas circunstancias, llegar a tiempo deja de ser un asunto de movilidad: se convierte en parte del derecho a la salud y a la vida.
Lo escuchamos directamente durante los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común en San Juan. Varias familias compartieron la angustia de enfrentar una emergencia sin disponer de un medio seguro para trasladar a sus seres queridos. Una frase quedó entre nosotros por la sencillez con que describía aquella vulnerabilidad: “Cuando se nos enferma alguien, no hay ambulancia para llevarlo”. Detrás de esas palabras había madres, envejecientes, personas con enfermedades crónicas y familias conscientes de que, ante una urgencia, cada minuto cuenta.
La situación fue registrada en el Sistema M158 y pasó de la escucha a la gestión. Se activaron las coordinaciones para facilitar traslados médicos, ambulancias y transporte seguro para personas en condiciones críticas. El objetivo era concreto: evitar que la falta de un vehículo o la distancia hasta un centro de salud continuaran siendo barreras entre una persona y la atención que podía salvarle la vida. Los resultados permiten dimensionar el alcance de la acción: 2,200 personas impactadas directamente, 7,800 indirectamente y un impacto total estimado de 10,000 ciudadanos.
Pero una cifra adquiere verdadero significado cuando podemos traducirla a la vida cotidiana. Son personas que cuentan con una alternativa ante una emergencia; familias que ya no tienen que improvisar cómo trasladar a un enfermo; ciudadanos para quienes la posibilidad de recibir atención médica dejó de depender exclusivamente de disponer de transporte propio. La Constitución dominicana permite comprender la dimensión de esta responsabilidad. El artículo 37 protege el derecho a la vida; el artículo 61 reconoce el derecho a la salud; y el artículo 147 establece los principios que deben orientar los servicios públicos. Vistos desde el territorio, esos artículos dejan de ser solamente disposiciones jurídicas y adquieren rostro humano: una Constitución se hace efectiva cuando sus derechos pueden sentirse en la vida de la gente.
Recorrer los municipios del país me ha permitido confirmar algo que deberíamos incorporar con mayor fuerza a nuestra cultura de gestión pública: el ciudadano no evalúa al Estado únicamente por sus planes, presupuestos o estructuras administrativas. Lo evalúa cuando necesita una respuesta. Cuando abre una llave y encuentra agua. Cuando lleva a su hijo a una escuela que funciona. Cuando acude a una institución y recibe atención. Y también cuando, en medio de una emergencia, una ambulancia puede llegar y trasladar a tiempo a quien la necesita. Por eso escuchar a la ciudadanía no puede convertirse en un ejercicio ceremonial. La escucha debe producir información; la información, gestión; la gestión, resultados; y los resultados deben verificarse. Esa ha sido una de las principales enseñanzas de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común: recorrer el territorio tiene sentido cuando somos capaces de transformar una necesidad expresada por la gente en una respuesta institucional concreta.
