La del exprocurador general (2016-2020) afirmó este lunes que la , con sede en Washington, D.C., y «los más importantes gremios jurídicos nacionales» han reclamado la aplicación del plazo máximo legal, de cuatro años, a su proceso penal por presunta corrupción administrativa.
En un comunicado de prensa, difundido de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conozca la solicitud para declarar la extinción de la acción penal contra el exfuncionario, sus abogados señalaron que, entre las entidades que respaldan el reclamo, figuran los gremios Dignidad Jurídica, encabezado por Leonardo Reynoso, y la Unidad Jurídica Institucional (UJI), representada por José Juan Zapata.
Afirmaron que esas dos entidades agrupan » en el país, a lo cual se han sumado decenas de reconocidos juristas, y que han defendido públicamente el respeto al plazo máximo y a las garantías del debido proceso».
La de insiste en que el establece un para este tipo de proceso «y han transcurrido casi seis años, sin que exista una sola decisión judicial que atribuya a fuga, rebeldía o tácticas dilatorias que permitan extender ese límite».
Asegura que, por el contrario, el estableció que las verificadas en el proceso fueron provocadas «por el Estado».
Entre las principales causas de retraso que señala durante el proceso, figuran una durante casi dos años, solicitudes de prórrogas del órgano acusador, una acusación de más de , problemas reiterados con el disco duro que contenía las presuntas pruebas, y entrega tardía de documentos y desacato de decisiones judiciales.
Agregó que estas deficiencias habían sido advertidas incluso desde fuera del proceso y citó al expresidente de la y actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, , quien cuestionó públicamente en la forma en que fueron estructurados estos grandes expedientes de presunta corrupción.
Los abogados , y , quienes forman la del exprocurador, sostienen que recuerdan que Subero Isa señaló que la cantidad de imputados, pruebas, testigos y acusaciones de hasta impedía el avance normal de los procesos.
Mencionan, asimismo, que, conforme a del Poder Judicial, entre 2014 y 2025 los tribunales dominicanos acogieron , frente a rechazadas o declaradas inadmisibles.
«La ni una declaración sobre culpabilidad o inocencia.
Es una creada por el legislador para impedir que cualquier ciudadano permanezca sometido indefinidamente a una persecución penal, mucho más cuando en este caso permaneció privado de libertad», añade el comunicado..
