Seis personas —cinco ciudadanos estadounidenses y un residente con estatus legal— interpusieron demandas por separado contra el gobierno de Donald Trump alegando graves violaciones de derechos civiles durante las redadas migratorias masivas ejecutadas en 2025.
Los demandantes, identificados como Andrea Vélez, Ángel Pinal, Cary López, Javier Ramírez, Juan José Gutiérrez y Joel Acuña, buscan compensaciones por los daños ocasionados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza
El abogado Luis Carrillo denunció en conferencia de prensa que sus clientes sufrieron arrestos injustos y, en varios casos, agresiones físicas por parte de los oficiales migratorios durante los operativos realizados entre junio y julio de 2025. Carrillo calificó la actuación de los agentes como «brutal» y confió en que estas acciones judiciales frenen el uso desmedido de la fuerza.
Uno de los casos más impactantes es el de Andrea Vélez, detenida en el centro de Los Ángeles mientras se dirigía a su lugar de trabajo. La joven pasó dos noches en prisión y enfrentó un cargo grave que posteriormente el Departamento de Justicia desestimó. Un video registró la violencia del arresto mientras su madre presenciaba la escena sin poder intervenir.
Perfilamiento racial en el sur de California
El también abogado Michael Carrillo afirmó que los querellantes fueron víctimas de perfilamiento racial por parte de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza en distintas comunidades del sur californiano. Destacó el caso de Cary López, quien se encontraba embarazada al momento de su captura y fue arrestada junto al padre de su hijo pese a haber declarado reiteradamente su ciudadanía estadounidense.
