Abogados advierten que restricciones sin orden judicial son ilegales y explican cómo reclamar
La Procuraduría General de la República solicitó a Migración eliminar las alertas de salida sin respaldo judicial, en un proceso que afectó a 56,140 personas tras una auditoría de tres décadas. El caso abre el debate sobre el derecho al libre tránsito y los controles migratorios.
La Procuraduría General de la República informó que solicitó a la Dirección General de Migración eliminar las alertas e impedimentos de salida que no estuvieran respaldados por una decisión judicial. Según el órgano persecutor, la actualización del sistema migratorio permitió eliminar las restricciones que afectaban a 56,140 personas, luego de una auditoría de registros acumulados durante tres décadas.
La institución explicó que muchas de esas anotaciones carecían de sustento judicial y limitaban el derecho al libre tránsito de ciudadanos cuyos procesos habían concluido o que figuraban en el sistema debido a errores administrativos. El proceso de depuración busca corregir esas irregularidades y garantizar que las restricciones migratorias se correspondan con decisiones judiciales válidas.
Los abogados penalistas José Valdez, Manuel Soto Lara, Cándido Simó y Freddy Díaz sostienen que las alertas migratorias sin sustento judicial son ilegales y que un impedimento de salida del territorio nacional debe estar respaldado por una decisión judicial. Los juristas José Valdez y Freddy Díaz indicaron que los ciudadanos que sospechen tener un impedimento pueden acudir a la Dirección General de Migración para solicitar una certificación que les permita conocer su situación migratoria, por un costo de 2,000 pesos, o a la Procuraduría General de la República para obtener información sobre alguna restricción.
En caso de que un ciudadano descubra que tiene una restricción migratoria que considera irregular, los abogados recomiendan acudir a la Procuraduría General de la República y depositar las certificaciones que acrediten que no tiene procesos judiciales pendientes ni decisiones de tribunales que le prohíban viajar al extranjero. Si la persona estuvo sometida a un proceso judicial, debe presentar las certificaciones de las sentencias que demuestren que el caso concluyó a su favor o que un juez levantó el impedimento de salida.
