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Nacional

Nino Dólar: prisión preventiva por homicidio agravado en accidente de tránsito que marca tendencia nacional

Conductor sin licencia atropella a padre e hija y arrastra cuerpos, según el Ministerio Público

Santo Domingo. La Cuarta Sala del Tribunal de Tránsito del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva a Carlos José Troche Rodríguez (Nino Dólar), acusado de la muerte de dos personas en un accidente ocurrido el 15 de agosto en la avenida Abraham Lincoln. El caso, que ha generado un amplio debate nacional sobre la impunidad en el tránsito, fue declinado al tribunal por el juez Rigoberto Sena.

El Ministerio Público acusa a Nino Dólar de homicidio agravado, destacando que el imputado manejaba sin licencia y que, tras atropellar a Wilmer Rodríguez y a su hija Wilkaren, pasó por encima de ellos y los arrastró en lugar de detenerse. Las imágenes de una cámara de vigilancia captaron el momento, lo que ha sido difundido en redes sociales y ha provocado una ola de rechazo en todo el país y entre la diáspora dominicana.

La medida de coerción fue dictada luego de que el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se declarara incompetente la semana pasada y remitiera el caso a la Cuarta Sala de Tránsito. El imputado, quien también ha sido señalado en otros hechos delictivos, se entregó a la Policía Nacional el 17 de agosto y permanece en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Además de las dos víctimas mortales, Arianna Ciprián resultó con lesiones graves y podría quedar con discapacidad permanente, según la solicitud de medida de coerción. Este caso refleja una tendencia preocupante en República Dominicana, donde los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte, y ha reavivado el llamado a reformar las leyes de tránsito y a fortalecer los controles de licencias y sanciones.

El hecho también ha puesto en el centro del debate la figura del ‘homicidio voluntario’ en siniestros viales, un precedente que podría influir en futuras decisiones judiciales y legislativas. Organizaciones de derechos humanos y de víctimas de accidentes han manifestado su respaldo a la medida y exigen que se haga justicia, mientras el país observa un caso que podría marcar un antes y un después en la persecución de la imprudencia al volante.

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