Informe del CES advierte que avances financieros y de acceso no se reflejan en resultados escolares
El Consejo Económico y Social (CES) presentó el balance de la primera década del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que muestra progresos en cobertura e inversión, pero estancamiento en la calidad de los aprendizajes.
El estudio, realizado por Magdalena Lizardo Espinal con la colaboración de Marygracia Aquino, abarca el período 2014–2024 y coloca la calidad educativa entre los desafíos menos resueltos del acuerdo. Señala diferencias entre el currículo establecido y las prácticas pedagógicas en el aula, además de limitaciones en el acompañamiento a las escuelas.
Publicado en 2026, el documento reconoce la generalización de la jornada escolar extendida, la expansión de la educación inicial, la atención integral a la primera infancia, la actualización curricular por competencias y las nuevas normas sobre formación y desarrollo de la carrera docente. No obstante, la ampliación de oportunidades mantiene resultados desiguales, con brechas territoriales y socioeconómicas, y dificultades para que los estudiantes concluyan oportunamente los niveles educativos. La vulnerabilidad económica, la incorporación temprana al trabajo, el embarazo adolescente y las uniones tempranas afectan las trayectorias escolares.
En materia financiera, el informe considera histórico el incremento del gasto educativo, que permitió expandir infraestructura, servicios y programas, pero identifica problemas de eficiencia, calidad del gasto y correspondencia entre las inversiones y las prioridades estratégicas del sistema. La carrera docente presenta un balance igualmente contrastante: mejoraron la regulación del ingreso, la formación inicial y continua y las condiciones laborales, pero siguen pendientes una articulación efectiva entre evaluación, incentivos y desarrollo profesional, así como mecanismos de acompañamiento que conviertan esos avances en mejores prácticas de enseñanza.
La gestión educativa conserva una estructura centralizada. Aunque avanzaron la modernización administrativa y los sistemas de información, las regionales, los distritos y los centros disponen de autonomía insuficiente para responder a las necesidades de sus comunidades. El propio seguimiento del Pacto enfrenta una debilidad fundamental: la ausencia de un sistema de indicadores oficialmente aprobado y de metas explícitas compartidas. Sus instancias han funcionado principalmente como espacios de seguimiento y validación, con capacidad limitada para impulsar ajustes oportunos. Para el período restante hasta 2030, el documento propone concentrar esfuerzos en los aprendizajes fundamentales, la profesionalización docente, la coordinación institucional y la vinculación de la educación con las necesidades productivas.
