Dos miembros cuestionan la legalidad del procedimiento y el futuro de las normas electorales
La suspensión provisional de la prohibición de publicar encuestas electorales ha expuesto una fractura interna en la JCE, con dos de sus cinco miembros cuestionando si el Pleno puede dejar sin efecto un reglamento mediante una simple resolución. El caso, que ya escaló al Tribunal Constitucional, redefine el equilibrio de poderes en el sistema electoral dominicano.
La Junta Central Electoral (JCE) decidió el 20 de agosto suspender provisionalmente el artículo décimo tercero de su reglamento sobre encuestadoras, que prohibía publicar sondeos fuera de los períodos de precampaña y campaña. La medida, aprobada por la mayoría (Román Jáquez, Dolores Fernández y Samir Chami), busca esperar el fallo del Tribunal Constitucional sobre la validez de la norma. Pero los votos disidentes de Hirayda Fernández y Rafael Vallejo han encendido una alerta sobre los límites del poder administrativo frente al ordenamiento jurídico.
Fernández Guzmán, en su voto de páginas 15 a 23, argumenta que un reglamento tiene fuerza normativa y no puede ser suspendido por una resolución administrativa. Para ella, si la JCE considera que la norma es inconstitucional, debe modificarla por el mismo procedimiento con que la creó, no por un atajo. Además, subraya que el Tribunal Superior Electoral ya se declaró incompetente, dejando claro que solo el Tribunal Constitucional puede decidir sobre el fondo. Suspender la norma mientras tanto, advierte, genera incertidumbre sobre qué reglas están vigentes, afectando la seguridad jurídica de partidos, encuestadoras y ciudadanos.
Vallejo Santelises profundiza desde la jerarquía normativa: distingue entre actos administrativos (para casos concretos) y reglamentos (normas generales del ordenamiento). Usar la facultad de suspender actos administrativos para anular un reglamento es, en su opinión, un error de procedimiento que sienta un precedente peligroso. Este debate no es solo técnico; refleja una tendencia regional donde los organismos electorales enfrentan presiones para flexibilizar reglas en contextos de alta competencia política, como se ha visto en otros países de América Latina.
La decisión de la JCE tiene implicaciones nacionales e internacionales: afecta la transparencia de los procesos electorales y la percepción de la diáspora dominicana, que sigue de cerca los comicios. La suspensión permite que los medios publiquen encuestas fuera de campaña, lo que podría influir en la opinión pública y en la estrategia de los partidos. Sin embargo, los disidentes insisten en que la forma importa tanto como el fondo, y que un organismo regulador no puede violar sus propias reglas sin erosionar su legitimidad.
El caso ahora está en manos del Tribunal Constitucional, que deberá determinar si la prohibición original era válida. Mientras tanto, la JCE queda en una posición incómoda: su mayoría defiende la medida como un acto de prudencia, pero la minoría la ve como una extralimitación. Este episodio, más que un conflicto interno, es un termómetro de cómo se negocian las reglas del juego democrático en República Dominicana y su impacto en la confianza de los inversores y observadores internacionales.
