Nueva ley agiliza alianzas público-privadas para alcanzar meta 2036 y atraer inversión
El Poder Ejecutivo depositó en el Senado un proyecto de ley que reforma las Alianzas Público-Privadas (APP) para reducir drásticamente los tiempos de tramitación, con miras a duplicar el tamaño de la economía dominicana para 2036 y posicionar al país como destino de inversión regional.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó este jueves al Senado el proyecto de Ley General de Alianzas Público-Privadas, que modifica la Ley 47-20. La iniciativa busca reducir los plazos de evaluación, licitación y adjudicación de 24-76 meses a un rango de 10-18 meses, un cambio que podría acelerar la ejecución de infraestructuras y servicios en todo el país.
Paliza destacó que el proyecto recoge la experiencia de los últimos seis años y establece un fondo especial para estudios técnicos, así como procedimientos especiales cuando exista un solo oferente. ‘Moderniza la Ley 47-20, reduciendo plazos y creando herramientas para mayor eficiencia’, afirmó, en un contexto donde la región busca atraer inversión privada para cerrar brechas de infraestructura.
El director de la DGAPP, Andrés Lugo Risk, subrayó que uno de los ejes de la reforma es la optimización de activos públicos, lo que permitirá identificar bienes del Estado con potencial para generar valor. Además, la iniciativa reconoce la capacidad de la DGAPP para estructurar proyectos desde etapas tempranas, elevando su madurez técnica y alineándolos con prioridades nacionales.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el proyecto recibirá el curso legislativo correspondiente y será enviado a comisión. ‘Expreso mi confianza en que el proceso pueda desarrollarse en un tiempo relativamente corto’, puntualizó, mientras analistas ven en esta reforma una señal clara de tendencia hacia la agilización de APP en América Latina, donde República Dominicana busca liderar en eficiencia y transparencia.
La creación del Fondo Especializado para la Preparación de Proyectos, con carácter reembolsable, busca financiar estudios de preinversión y factibilidad, reduciendo la improvisación y atrayendo inversión responsable. Esto podría posicionar al país como un hub de asociaciones público-privadas en el Caribe, con impacto en la diáspora que invierte en el desarrollo nacional.
