La independencia judicial no basta con un Ministerio Público autónomo; la clave está en la elección de los jueces
La próxima evaluación y selección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia pone sobre la mesa un tema crucial: la independencia judicial. Expertos y autoridades coinciden en que despolitizar la elección de los jueces es el verdadero camino, un asunto de impacto nacional.
Las autoridades dominicanas han manifestado su aspiración de dejar como legado la independencia judicial. No obstante, esta no se alcanza solo con un Ministerio Público independiente, pues sería una quimera. La verdadera justicia independiente radica en despolitizar la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
El Ministerio Público es solo el ente investigador, pero son los jueces del último peldaño jerárquico quienes otorgan la decisión final en los casos. Por ello, se debe aspirar a que estas decisiones estén condicionadas únicamente a la Constitución y las leyes, fuera de toda tensión partidaria.
La Constitución, en su artículo 159, establece que la ley regulará el estatuto jurídico de la Carrera Judicial. La Ley 327-98 sobre Carrera Judicial regula los derechos y deberes de los magistrados y garantiza su idoneidad, estabilidad e independencia, además de un sistema que estructura técnicamente la carrera sobre la base de méritos, excluyendo toda discriminación por motivos políticos, sociales, religiosos o de cualquier otra índole.
La plena garantía de idoneidad, estabilidad e independencia se encuentra en los jueces de Carrera, quienes ingresan al sistema sin deberle nada a nadie más que a su propio esfuerzo. Para ser juez de carrera, deben superar un concurso de oposición con pruebas psicométricas, escritas y orales ante un gran jurado, dominando más de 150 temas. El evaluado desconoce a sus evaluadores y viceversa, eliminando cualquier favoritismo. Luego, pasan dos años en la Escuela Nacional de la Judicatura, con formación integral sin salario, costeada por un préstamo en Fundapec que pagan con su salario una vez nombrados. Ya en funciones, están sujetos a evaluación anual de acceso público y formación continua obligatoria en la Escuela Nacional de la Judicatura, de altísimos estándares de calidad. Todo esto garantiza a la sociedad la calidad de sus jueces.
