La República Dominicana ha vivido durante demasiado tiempo de espaldas al mar.
A pesar de su condición insular, su ubicación geográfica privilegiada y la amplitud de sus espacios marítimos, la discusión pública sobre el mar ha estado muchas veces limitada a dimensiones parciales: el transporte marítimo, la actividad portuaria, la seguridad de la navegación o la defensa de los espacios jurisdiccionales.
Todas son importantes, pero ninguna agota por sí sola la complejidad del fenómeno marítimo.
El Decreto núm.
353-26 representa un paso importante para superar esa mirada limitada.
Su valor no reside únicamente en disponer la elaboración de una Estrategia Marítima de la República Dominicana, sino en el cambio de paradigma que propone: pasar de una visión sectorial y fragmentada del mar a una visión integral, coordinada y sostenible de los espacios marítimos y oceánicos del país.
El mar no es solamente una vía de transporte.
Es fuente de recursos vivos y no vivos, espacio de investigación científica, plataforma logística, ámbito de protección ambiental, escenario de actividades turísticas, pesqueras y comerciales, componente de la resiliencia climática y factor de posicionamiento internacional.
Reducirlo a una sola dimensión implica desaprovechar una de las principales ventajas estratégicas de la República Dominicana.
Así como el Estado planifica el desarrollo de su territorio terrestre, también debe ordenar, proteger y aprovechar sosteniblemente sus espacios marítimos.
La condición insular del país impone mirar hacia el mar con mayor sentido de oportunidad, responsabilidad y visión de futuro.
Por eso, hablar hoy de política marítima no puede reducirse a identificar una institución o una actividad predominante; el reto consiste en construir una visión de Estado capaz de articular las distintas competencias públicas que inciden sobre el mar.
Este enfoque es coherente con las tendencias contemporáneas de gobernanza oceánica, que promueven la coordinación entre instituciones, la gestión ecosistémica, el uso sostenible de los recursos marinos y la articulación de políticas públicas en torno a objetivos comunes.
La contaminación marina, la seguridad de la navegación, la conservación de los ecosistemas, la investigación científica, el desarrollo portuario, la pesca, el turismo náutico, la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de obligaciones internacionales son asuntos distintos, pero conectados.
Todos inciden en el mar y todos requieren una actuación estatal coherente.
Esa es la lógica que subyace en el Decreto núm.
353-26, que ordena la elaboración de una Estrategia Marítima Nacional con enfoque integral.
Su finalidad no es sustituir competencias, desplazar instituciones ni crear una autoridad paralela, sino ordenar esfuerzos, evitar duplicidades y permitir que las instituciones actúen bajo una orientación común, cada una dentro del ámbito que le atribuye el ordenamiento jurídico.
La coordinación interinstitucional no debe verse como una amenaza, sino como una necesidad propia de la Administración pública moderna: una Administración que, aunque actúa a través de múltiples órganos y entidades, debe hacerlo con coherencia, colaboración organizada y visión de Estado.
En Derecho Administrativo, la competencia nace del ordenamiento jurídico, que atribuye funciones concretas.
Por eso, ninguna institución puede entenderse como titular exclusiva de todos los asuntos vinculados a una materia tan amplia como el mar, ni las denominaciones institucionales pueden interpretarse como títulos de exclusividad.
Lo determinante no es el nombre que ostente un órgano o entidad, sino las competencias que jurídicamente le han sido conferidas y la forma en que estas se coordinan con las demás.
La defensa, la seguridad, el transporte, los puertos, el ambiente, la pesca, la investigación científica, el turismo, los recursos naturales y la planificación pública son dimensiones distintas de una misma realidad marítima que ninguna institución agota por sí sola.
De ahí la importancia de contar con una entidad responsable de coordinar y dar seguimiento al proceso.
Toda política transversal necesita un punto institucional de articulación.
Sin esa responsabilidad definida, la planificación corre el riesgo de quedar dispersa entre múltiples iniciativas inconexas.
La coordinación no elimina competencias; las hace dialogar.
El Decreto núm.
353-26 abre una oportunidad para avanzar hacia una comprensión más amplia, moderna y coordinada del mar.
Su correcta implementación requerirá planificación, cooperación interinstitucional, sostenibilidad y respeto al ámbito competencial de cada órgano y ente de la Administración.
La autora es Encargada Jurídica de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR).
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