En enero, el entonces electo presidente de Chile, , aterrizó en un helicóptero en el ( ), en.
Antes de recorrer los pabellones de la , aseguró que su país necesitaba “importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al , el narcotráfico y el terrorismo”.
Y dicho y hecho, meses más tarde, ya en el poder, trasladó 400 reclusos de alta peligrosidad a la.
Aunque no es nueva —funciona desde hace un año— ni es en realidad una , Kast presentó una puesta en escena muy similar a la protagonizada por el mandatario salvadoreño en 2023, cuando estrenó el.
Allí estaban, como entonces, cientos de presos organizados en filas, sentados en el piso con las manos hacia adelante y las cabezas agachadas.
Esa imagen ha resultado tan poderosa que en tres años los presidentes de han prometido una como parte de su política para luchar contra el crimen.
Todos quieren replicar el éxito logrado por la “ ” con la que logró bajar la tasa de homicidios de desde 54 por cada 100,000 habitantes en 2019, hasta apenas 1,9 en 2024, el nivel más bajo en tres décadas.
Pero han surgido serias dudas al respecto.
De hecho, varios factores permiten explicar esas estadísticas y hacen de la experiencia salvadoreña algo casi irreplicable.
El primero es que la ya venía en franca caída antes de que llegara al poder: tras el pico de 108 por 100,000 habitantes registrado en 2015, el crimen no hizo sino bajar.
Y en el momento en que el “ ” (como él mismo se identifica) llegó al poder, el índice ya se había desplomado a la mitad.
Pero además, también influyen factores como el pacto de con las pandillas y la de presuntos pandilleros, sustentada en un que lleva más de cuatro años de vigencia y ha causado el encarcelamiento de casi el 2 % de la población salvadoreña, incluidas muchas personas posiblemente inocentes a las que no se les ha permitido un debido proceso.
Aun así, el modelo de construir no deja de atraer al en países como Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú y Argentina.
, experto en prevención del crimen y cofundador del tanque de pensamiento brasileño , cree que el concepto atrae porque es una demostración palpable del poder del Estado.
“Toman algo abstracto, como el miedo a la delincuencia, la indignación ante las pandillas o la frustración por la impunidad y lo transforman en algo literalmente concreto.
Se puede ver la cárcel, se pueden ver miles de detenidos, se puede ver al Estado aparentemente reafirmando su control”, señala.
Agrega que esto tiene mucho poder a nivel político y que su simple anuncio trae consigo un enorme.
“Cuando la gente está asustada por la extorsión o la violencia de las pandillas, quiere ver al Estado tomar medidas.
Y no es fácil fotografiar o grabar a mejores fiscales, ni investigaciones más eficaces o una fuerza policial más profesional, pero sí se puede fotografiar una prisión.
Por ello, las constituyen sumamente eficaces”, añade.
De allí que mantenga un 68,7 % de aprobación tras siete años en el poder, algo inusual frente al tradicional desgaste que suelen sufrir los políticos a esas alturas.
Recientemente se unieron a ese club los nuevos presidentes de Colombia y Perú.
En el primero, prometió en su programa un viraje en materia de hacia un sistema más punitivo que incluye construir “destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la del pueblo”.
Mientras tanto, en su vecino del sur, aseguró que construirá por lo menos cuatro y una especial para “los criminales más avezados”.
En una entrevista reciente dijo que el plan para edificar esos centros penitenciarios será más rápido que el de en y no descartó pedir asesoría en materia de al mandatario centroamericano y al ecuatoriano.
Los expertos consultados por afirman que el problema para replicar el método es aritmético más que ideológico.
tiene 6,5 millones de habitantes y el 2 % de su población está tras las rejas,.
Para , sociólogo especializado en criminalidad urbana, trasladar esa misma proporción a otros países es, prácticamente, inviable.
“Imagine un país como Colombia, donde hay 47,4 millones de habitantes.
El 2 % de la población sería encarcelar a un millón de personas.
Lo mismo Argentina, y ni le quiero decir Brasil con 200 millones de personas.
Tendrían que meter presos a cerca de cuatro millones de personas para ser el equivalente a.
Imposible”, sostiene.
A esa situación se suma la estructura de las bandas criminales que enfrentó, un factor que suele quedar excluido de los discursos políticos.
Muggah señala que las tenían un mando centralizado, algo que quedó en evidencia cuando sus líderes ordenaron treguas y desmovilizaciones.
Esa cadena de mando fue justamente lo que permitió a desarticular las pandillas con cierta facilidad y rapidez, pero no existe en organizaciones criminales de países como Colombia y Ecuador, donde el está descentralizado.
“Eso hace mucho más difícil reproducir las condiciones institucionales y políticas que permitieron las mejoras de en ”, expresa el cofundador del.
Y lo peor es que, más allá de su severidad inicial, nada garantiza que con el paso del tiempo las no se conviertan en nuevas.
De allí que Muggah opine que la pregunta esencial que debe responder cualquier mandatario que quiera construir una no es cuántos reclusos caben allí, sino quién controla esos espacios.
Recuerda que varias organizaciones criminales surgieron justamente en las cárceles y operan desde allí, como el (PCC) y el Comando Vermelho, en Brasil, y el , en Venezuela, algunas de las estructuras más sofisticadas y temidas del continente.
“Si metes a decenas de miles de personas en un lugar que no puedes gobernar, no has resuelto el problema del.
Puede que simplemente lo hayas concentrado”, añade.
Para evitar ese fenómeno, los presos del están absolutamente aislados, y sin comunicación alguna con el exterior.
Pero, como dice el sociólogo Bergman, la existencia del se sostiene en un cuyos actores –los delincuentes– siempre serán reemplazados mientras persista la rentabilidad.
Y mientras tanto, esa viola las garantías básicas del debido proceso y con ello, el acceso a una justicia oportuna y equilibrada, sin que ese sacrificio de los valores democráticos garantice en modo alguno la desaparición del.
Un factor adicional dificulta aún más replicar el modelo salvadoreño: indefinido.
El gobierno de suspendió las garantías ciudadanas en marzo de 2022, una medida extraordinaria tomada para atajar un pico inusual de homicidios.
Pero hoy acumula más de cuatro años de prórrogas ininterrumpidas, pese a las denuncias documentadas de , muertes bajo custodia del Estado y.
Esta madrugada, trasladamos a más de 2,000 pandilleros desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente, hacia el CECOT.
Ahí pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde… Sobre esto último, los defensores de los detenidos y organizaciones de derechos humanos cuestionan los procesos.
Advierten que el gobierno de desmontó de facto el , que no tienen acceso a los expedientes de sus defendidos y que poco pueden hacer por ellos.
, dijo un abogado consultado por el diario español.
Por su parte, la organización alerta que esos juicios masivos desembocarán en miles de.
La pregunta es si otros gobernantes de la región se atreverán a desmontar el aparato institucional democrático para combatir el crimen y si sus ciudadanos también lo permitirán.
En la región, el presidente ecuatoriano, , ha recurrido con frecuencia a los estados de excepción desde noviembre de 2023, mientras que en Honduras, la entonces presidenta, , mantuvo la suspensión de garantías desde abril de 2022 hasta enero de 2026, cuando entregó el poder.
El actual mandatario, , no descarta volver a aplicar la medida, pero sólo donde se registran mayores índices de criminalidad.
Al respecto, para Muggah el peligro del es que se convierta en una forma permanente de gobernar.
“Las señales de alerta son cuando los poderes de emergencia siguen renovándose, cuando la supervisión se degrada gradualmente, cuando el debido proceso se vuelve cada vez más excepcional y cuando la del Gobierno comienza a depender de que la emergencia continúe.
En ese punto, la excepción comienza a convertirse en el sistema operativo”, dice el experto.
Y va más allá: no hay vuelta atrás cuando la ciudadanía asocia la recuperada con los del Estado.
En este punto comienza a volverse políticamente costoso restablecer los.
Ninguno de los siete presidentes que hoy prometen ha explicado cómo piensan sostener esa promesa sin pagar el mismo costo institucional que : el control parlamentario, la reconfiguración de la Corte Suprema y una reelección presidencial prohibida por la Carta Política.
Hasta ahora, los imitadores de han replicado la promesa y la puesta en escena.
Todavía es pronto para saber si estarán dispuestos a pagar el mismo precio..
