Informe revela opacidad en deuda, pensiones, concesiones y estadísticas oficiales
Una serie periodística documenta cómo el Estado dominicano acumula cifras sin consolidar y omite publicar datos clave. El caso más grave: el Ministerio de Educación registró 15,755 estudiantes con discapacidad de los 28,033 identificados en 2023.
El Plan Operativo Anual 2025 del Ministerio de Educación reconoce que se ‘completó el registro de 15,755 estudiantes con discapacidad de los 28,033 identificados en los registros administrativos del año 2023’. La directora de Educación Especial admitió en noviembre de 2025 que los datos son parciales y que existe un subregistro. El Anuario registra 21,626 estudiantes con necesidades de apoyo y el Plan Operativo 2026 fija meta de atención de 7,500, sin ficha técnica que aclare si son estudiantes únicos, nuevas incorporaciones o servicios.
La serie ‘El Estado que dejó de contar’ también expone la deuda pública: tres cifras para 2024 (46.3 %, 47.5 % y 58.1 % del PIB) según perímetros y métodos distintos, sin serie nacional consolidada. La canasta del quintal más pobre subió 42.7 % y la del más rico 34.4 %, pero el Banco Central no publica los ponderadores que lo demuestran.
En pensiones especiales, el Estado destina RD$10,915 millones al año a 28,880 personas sin padrón, criterio publicado ni auditoría en cuarenta y cinco años. Senasa publicaba siniestralidad sobre 100 % desde 2023 y nadie actuó, resultando en una multa de RD$1,888,902. Las concesiones aeroportuarias por treinta años se otorgaron por pago único, con participación futura del Estado medida contra un estudio no publicado, y la ley que lo habilitó se deroga sola el 10 de noviembre.
Los fideicomisos suman RD$67,076.5 millones de deuda con plazo hasta 2060; una ley de 2023 los somete a la Cámara de Cuentas, pero cero de los 110 informes publicados desde abril de 2025. La obra pública representa entre 22 % y 42 % del gasto de capital registrado en diciembre, y el único informe que compara dinero con obra excluye por diseño los proyectos de inversión. La ONE diseñó en 2022 una Encuesta Nacional de Inmigrantes (68,148 viviendas) que nunca levantó, consignando el ‘clima nacional en materia migratoria’ como riesgo.
