La historia política contemporánea de la República Dominicana no puede comprenderse sin analizar la visión de nación que emergió en 1996 con la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández.
El Estado que transforma
Desde aquel momento, el entonces candidato del Partido de la Liberación Dominicana planteó un nuevo paradigma de desarrollo sintetizado en la consigna “El Nuevo Camino”, una propuesta que trascendía el simple discurso electoral y que se proponía transformar estructuralmente al Estado dominicano para conducirlo hacia la modernidad.
Y que después de la interrupción para llegar por segunda vez fue con “El Mejor Camino”.
Las expresiones de construir un “Nueva York chiquito” o de sustituir los anafes por estufas no fueron simples metáforas de campaña.
En realidad, constituían símbolos de un proyecto de modernización nacional orientado a elevar la calidad de vida de la población, impulsar el desarrollo económico y colocar al país en mejores condiciones para competir en el escenario internacional.
Vista desde la perspectiva de la ciencia política y del desarrollo económico, aquella visión se aproxima al modelo del Estado desarrollador, concepto ampliamente estudiado.
Se trata de un Estado con capacidad de planificación estratégica, instituciones sólidas y una activa participación en la promoción de la transformación económica y social.
No es un Estado intervencionista ni un Estado mínimo, sino un Estado inteligente, capaz de orientar el desarrollo, promover la inversión, impulsar la innovación y construir consensos nacionales alrededor de objetivos estratégicos.
Los resultados económicos registrados por la República Dominicana durante los gobiernos de Leonel Fernández ofrecen importantes elementos para sustentar esta interpretación.
Entre 1996 y 2000 la economía dominicana creció a un promedio anual superior al 7.5 %, una de las tasas más elevadas de América Latina.
El producto interno bruto pasó de aproximadamente 18 mil millones de dólares a más de 24 mil millones de dólares, mientras el país experimentaba una notable expansión de la infraestructura física y de las telecomunicaciones.
Tras la severa crisis bancaria de 2003, la economía dominicana logró recuperar la estabilidad y regresar a una senda de crecimiento sostenido.
Entre 2005 y 2012 el crecimiento promedio anual superó el 6 %, situando nuevamente al país entre las economías más dinámicas de la región.
Para el año 2012 el producto interno bruto había alcanzado aproximadamente los 60 mil millones de dólares, multiplicándose por más de dos veces y media en apenas ocho años.
La inversión extranjera directa constituye otro indicador revelador.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la República Dominicana se convirtió en uno de los principales receptores de inversión extranjera del Caribe.
Los flujos de inversión pasaron de menos de cien millones de dólares en 1996 a más de tres mil millones de dólares en 2012.
El turismo, las telecomunicaciones, las zonas francas, el comercio y la minería se consolidaron como importantes receptores de capitales externos, contribuyendo a la creación de empleos, al aumento de las exportaciones y a la expansión de la capacidad productiva nacional.
La estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica permitieron que el país enfrentara con relativa fortaleza las sucesivas crisis internacionales.
Mientras numerosas economías del continente experimentaban profundas contracciones durante la crisis financiera global de 2008-2009, la República Dominicana mantuvo un crecimiento positivo y registró una vigorosa recuperación en 2010, hecho reconocido por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La expansión de la inversión pública también constituyó uno de los pilares de esta estrategia de desarrollo.
La construcción del Metro de Santo Domingo, la ampliación de la red de carreteras y autopistas, la modernización de puertos y aeropuertos y la ejecución de grandes obras de infraestructura urbana respondieron a una visión según la cual el Estado debe crear las condiciones materiales para el crecimiento económico y la competitividad.
La coherencia política de Leonel Fernández puede apreciarse en la continuidad de sus ideas.
La propuesta de una segunda ola de transformaciones no representa una ruptura con el proyecto iniciado en 1996, sino su actualización frente a los desafíos del siglo XXI.
Hoy el país enfrenta nuevas exigencias derivadas de la revolución tecnológica, la economía digital, la inteligencia artificial y la creciente competencia internacional.
En consecuencia, el nuevo ciclo de transformaciones se articula alrededor de cuatro grandes ejes.
El primero es la innovación tecnológica como instrumento para elevar la productividad y generar nuevas capacidades nacionales.
El segundo es la consolidación de una economía digital capaz de transformar los procesos productivos y mejorar la eficiencia del sector público y privado.
El tercero es la modernización del sistema educativo, indispensable para formar capital humano competitivo y promover la movilidad social.
El cuarto es la reforma y modernización del Estado, fortaleciendo la institucionalidad democrática, la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.
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