La expresidente y su hijo se sientan en el banquillo por presunto desvío de fondos públicos
Cristina Fernández de Kirchner, líder del peronismo opositor en Argentina, y su hijo Máximo Kirchner iniciaron este viernes un juicio oral por presuntamente utilizar sus negocios hoteleros e inmobiliarios para apropiarse de millonarios fondos públicos. El proceso, que involucra a una veintena de acusados, se desarrolla mientras la expresidente cumple prisión domiciliaria por otra condena y podría tener un impacto significativo en la política argentina y en la región.
El tribunal federal busca determinar si los fondos otorgados a empresarios durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) retornaron al patrimonio familiar a través del alquiler de habitaciones de hoteles que no fueron ocupadas y otras maniobras con inmuebles en la provincia de Santa Cruz y en Buenos Aires. La fiscalía acusa a Fernández de haber sido jefa de una asociación ilícita y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, de haber organizado esa estructura delictiva. También se les imputa lavado de dinero, con una pena máxima de 10 años de prisión.
La casi veintena de procesados siguió el inicio del debate de forma virtual. Fernández, de 73 años, lo hizo desde el apartamento donde cumple desde 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la concesión irregular de obras viales al empresario Lázaro Báez, quien también está acusado en este juicio. La expresidente y su hijo rechazan las imputaciones y sostienen que los hoteles y otros inmuebles eran negocios legítimos. Fernández denuncia una persecución política y su defensa califica las acusaciones de ‘disparate jurídico’, destacando peritajes sobre dinero bancarizado que demostrarían la legalidad de los fondos y que no fueron considerados por la justicia.
En la primera jornada, la Fiscalía expuso su acusación y mencionó ‘la existencia de una asociación ilícita de carácter estable y permanente’ liderada por los dos expresidentes, varios exfuncionarios y personas de su confianza, ‘montada en base a una división de roles definidos… dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado destinada a cometer múltiples delitos’ para ‘apoderarse’ de millones de pesos de fondos públicos. Según la acusación, las firmas Hotesur y Los Sauces, de los Kirchner, habrían sido parte de un circuito de lavado de dinero para canalizar fondos ilícitos a su patrimonio. La investigación se centra en el presunto lavado de activos mediante hoteles en Santa Cruz.
El juicio se produce en un contexto de alta polarización política en Argentina y con la expresidente aún ejerciendo un liderazgo central en la oposición peronista. Fernández enfrenta además otras investigaciones por presuntos delitos. El desenlace de este proceso podría reconfigurar el escenario político argentino y tener repercusiones en la región, especialmente en países con gobiernos de signo similar que siguen de cerca los casos de corrupción de sus líderes. La defensa insiste en la inocencia de los acusados y en la existencia de pruebas no valoradas.
