Reclamos por facturación excesiva exponen brechas entre normativa y solución real al consumidor
En la República Dominicana, las denuncias por altas facturaciones de electricidad no son nuevas, pero el proceso para reclamar sigue siendo una odisea para muchos. El debate de fondo es si el sistema protege realmente al usuario.
Recibir una factura de electricidad muy por encima del consumo habitual se ha convertido para muchos usuarios en una situación de preocupación e impotencia frente a las empresas distribuidoras. El problema no es solo cuánto se paga, sino qué ocurre cuando el ciudadano considera que la factura no corresponde con su consumo real y busca una respuesta.
Los reclamos por alta facturación, consumos estimados, cargos incorrectos y facturas sin uso de energía están reconocidos oficialmente como motivos de reclamación. El propio sistema regulatorio contempla estos casos y establece mecanismos: el usuario debe reclamar primero ante la distribuidora, que debe responder por escrito en un plazo general de diez días laborables, según la Superintendencia de Electricidad (SIE). Si no queda satisfecho, puede acudir a PROTECOM.
Sin embargo, los procedimientos que sobre el papel parecen claros no siempre se traducen en una solución rápida, comprensible y efectiva. Para una familia que recibe una factura que duplica o triplica su consumo habitual, el asunto no es meramente administrativo: puede implicar sacrificar alimentos, medicamentos, transporte u otros gastos esenciales para mantener el servicio.
La pregunta que surge como sociedad es si el sistema funciona con la misma eficacia para el consumidor que para la empresa. ¿Quién verifica de manera independiente las lecturas? ¿Quién explica al ciudadano por qué su consumo aumentó de manera extraordinaria? ¿Qué sucede con las facturaciones estimadas o errores de medición? ¿Cuánto tiempo debe esperar una persona para obtener una respuesta definitiva? La SIE reconoce mecanismos específicos y PROTECOM dispone de una plataforma para presentar reclamaciones y consultar su estado, pero el debate de fondo sigue siendo qué tan protegido está realmente el usuario dominicano.
