En los últimos cinco años, el ha firmado con imputados en casi todos los procesos de corrupción administrativa sometidos a los tribunales.
Aunque estas prácticas han sido cuestionadas por algunos sectores, los principales actores del sistema de justicia las respaldan.
De hecho, el nuevo , vigente desde diciembre, obliga a los jueces a promover las negociaciones cuando las partes no muestran su disposición a conciliar.
De los seis expedientes más importantes de corrupción presentados por el órgano acusador, el caso del , , es el único en el que no se han anunciado arreglos que implique admisión de culpas, delación y resarcimiento económico al Estado a cambio de penas reducidas o suspendidas.
En el presunto de casi 16,000 millones de pesos en el ( ), que según el habría sido encabezado por su exdirector, , y ejecutado mediante el cobro de para la contratación de prestadores de servicios de salud, el órgano acusador dijo no descartar la posibilidad de negociar con algunos de los imputados.
En la solicitud de presentada en diciembre contra y los otros 10 imputados sometidos hasta el momento también se señala de y asociación de malhechores a empresarios y exfuncionarios que no han sido procesados.
No obstante, la de Persecución de la Corrupción Administrativa ( ) todavía no ha depositado las conclusiones de su , cuyo plazo vence la próxima semana.
También imputa al empresario , a quien señala de convertirse en la «mano derecha» de «para recibir y manejar parte del dinero producto de los pagados» por las prestadoras de salud y tampoco ha sido sometido.
Asimismo, al , quien «recibió » por las gestiones con a favor de , una de las imputadas.
Morales estuvo detenido hace varios años por el caso de corrupción del Plan Renove y que afectó al erario con casi dos mil millones de pesos.
Una de la novedad de la Ley 97-25 que instituye el Código Procesal Penal es que obliga a los jueces a promover las conciliaciones entre acusados y acusador, al establecer, en el párrafo II, del artículo 305, que los magistrados deberán verificar su existencia y «la posibilidad de alcanzarlos».
Hasta el momento, la conciliación entre , cuñado del expresidente Danilo Medina, y el Ministerio Público ha representado la más importante por la cantidad de recursos restituido, tres mil millones de pesos, en un criterio de oportunidad en el que no se le persigue penalmente.
Según el acuerdo homologado por un juez, Montilla se comprometió a colaborar en la investigación de una presunta de pesos en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) y que se dio a conocer en el 2021.
De esa querella no se han ofrecido detalles, solo que otros se han acercado para también negociar.
El que actualmente enfrenta el exprocurador general de la República, , lo acompañan en esa fase 14 de sus principales colaboradores y otros 29, algunos de ellos empresarios y sus respectivas compañías, pactaron con el y fueron condenados en.
Entre los que negociaron con la , se destacan el exjefe de Gabinete de la Procuraduría General, y el empresario.
Por otro lado, el exdirector administrativo del durante la gestión de (2016-2020), , aunque admitió su culpabilidad en la etapa preliminar por supuestas órdenes del exprocurador, sigue enfrentando el sin un formal anunciado.
, representante de Mac Construcciones SRL e hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, devolvió al Estado más de de pesos y fue condenado a tres años de prisión suspendida.
Admitió haber pagado para beneficiarse de un lote de la construcción de la cárcel Nueva Victoria (hoy Las Parras).
En el proceso penal llevado a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, entre los que pactaron con los fiscales se incluye al extitular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado ( ), , quien fue condenado en el 2023 a cinco años de prisión, de los cuales dos años y once meses fueron de arresto domiciliario por sobrepasar los 70 años de edad.
debió entregar al Estado de pesos y un jeep BMW modelo X5 XDrive del año 2017.
En este expediente, cuya se denominó y en el que se vincula a los exministros , y José Ramón Peralta, destacan los con los empresarios Manuel Emilio Jiménez Collie (‘Mimilo’), José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo Herrera.
Estos fueron beneficiados con un criterio de oportunidad, evitando la persecución penal tras devolver al Estado más de 2,300 millones de pesos «como reparación por los fondos sustraídos».
En esa causa también admitió su responsabilidad el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, , y en base al , restituyó al Estado de pesos a través de cheques y dos vehículos, valorados los dos en casi tres millones de pesos.
En el proceso de los más de veinte militares y policías de altos rangos condenados recientemente por la estafa de más de 4,500 millones al Estado a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el de Seguridad Turística (Cestur) , los fiscales solo anunciaron una conciliación con uno de los acusados: el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, quien terminó implicando a sus demás compañeros..
