Durante años, hablar de modernización del Estado ha significado abordar temas como la transformación digital, la simplificación de trámites, la eficiencia institucional y la mejora de los servicios públicos.
Sin embargo, detrás de cada avance, de cada política implementada y de cada servicio ofrecido a la ciudadanía, existe un factor determinante: el servidor público.
Desde la promulgación de la Ley No.
41-08 de Función Pública, el Estado ha velado aún más por responder a sus necesidades, a través de un marco regulatorio que no solo reconozca sus derechos y deberes, sino que se preocupe por impulsar políticas que reconozcan sus méritos y abran oportunidades para su crecimiento profesional.
Sin embargo, vivimos en un mundo cada día más complejo y exigente en la que nos enfrentamos a múltiples desafíos, como: la rápida evolución tecnológica, la creciente demanda de transparencia, de eficiencia, y las expectativas cada vez mayores de la ciudadanía de contar con instituciones competentes y para avanzar en nuestros propósitos es necesario fortalecer nuestras capacidades y darles herramientas para que logren mayor adaptabilidad a los cambios, desarrollo de resiliencia emocional, mayor competencia en el dominio de las innovaciones tecnológicas, capacidad de gestión, eficiencia en la administración de recursos, y empatía para satisfacer las demandas de las y los ciudadanos.
Es con este norte y con la claridad de que el servidor público constituye el pilar sobre el que se construye la estructura de un Estado moderno, que hemos puesto todo nuestro empeño y compromiso en transformar y mejorar todo lo relativo a la función pública, tomando decisiones pensadas en su bienestar, en la mejora del clima laboral, en aumentar sus capacidades tecnológicas, así como propiciar oportunidades de capacitación para su profesionalización.
En febrero 2025, iniciamos el Plan Piloto de Teletrabajo, marcando un paso importante hacia la modernización de la gestión estatal.
A más de un año de su implementación, los resultados no solo evidencian cambios en la eficiencia institucional, sino que el mayor y más significativo beneficio ha sido en pro de las y los colaboradores, quienes han logrado un mejor equilibrio entre su vida laboral, personal y familiar, mayor flexibilidad en el desempeño de sus funciones, ahorro de tiempo y costos de desplazamiento, así como una reducción importante de sus niveles de estrés.
Asimismo, presentamos en mayo de este año junto al Ministerio de la Mujer la Normativa Marco sobre Cuidados, Corresponsabilidad y Conciliación en la Administración Pública, con el objetivo de institucionalizar el derecho al cuidado, a ser cuidado y el autocuidado.
Esta normativa nos coloca a la vanguardia de la agenda regional de cuidados porque integra medidas administrativas que contemplan facilidades y flexibilización laboral para que las y los servidores en procesos de adopción, licencias de maternidad y paternidad, así como en situaciones que demanden mayores atenciones de cuidado, como partos múltiples, nacimientos prematuros o con alguna discapacidad.
Cada paso que damos responde a la visión de gobierno del presidente Luis Abinader, de construir un servicio público moderno, eficiente y centrado en las personas; y esa transformación también implica garantizar bienestar, dignidad y oportunidades de crecimiento a quienes sirven al Estado dominicano.
Y hablar de oportunidades significa, construir una gestión pública donde todos tengamos las mismas posibilidades para desarrollar nuestro potencial, de esta realidad, surge el Concurso Inclusivo, una estrategia en la que trabajamos para facilitar el ingreso de personas con discapacidad al servicio público mediante procesos transparentes, basados en el mérito y en la igualdad de oportunidades.
Esta iniciativa reafirma el compromiso de construir una gestión pública donde la inclusión trascienda el discurso y se traduzca en acciones que amplíen el ejercicio de derechos, reduzcan las desigualdades y aprovechen el valor que aporta la diversidad de talentos y capacidades al Estado.
Durante esta gestión también hemos puesto especial atención en la profesionalización, impulsando programas académicos a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y en marzo de este año, cerca de 200 servidores públicos pertenecientes a 76 instituciones, se graduaron de la primera cohorte de la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Asimismo, 26 funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, culminaron con éxito la Maestría en Gobierno y Gestión Pública Local, desarrollada con la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
A esto se suma la capacitación de más de 250 servidores de las Unidades de Recursos Humanos, quienes fortalecieron sus competencias técnicas con el apoyo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con el propósito preparar a nuestros servidores para afrontar las transformaciones que vivimos como sociedad, en una época donde la tecnología juega un papel fundamental, hemos puesto a disposición 2,000 becas para el curso virtual “Inteligencia Artificial Generativa: Fundamentos para la función pública de América Latina y el Caribe, edición RD, iniciativa que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de Academia BID y del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil.
Junto al BID, también impulsamos el programa Innovadores Digitales, para captar jóvenes profesionales con competencias tecnológicas e integrarlos a proyectos reales de modernización digital y automatización de procesos.
Nuestro propósito es que ningún servidor público se quede atrás, sino que puedan operan con herramientas tecnológicas para hacer frente a los desafíos que predominan en un entorno marcado por el uso de los datos, las plataformas tecnológicas, y la inteligencia artificial.
De igual forma, presentamos junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) la guía actualizada para la Gestión del Sistema Nacional de Pasantías Públicas, Prácticas Laborales y Profesionales, para fortalecer la articulación interinstitucional, garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso a experiencias formativas y contribuir al desarrollo de capacidades, especialmente en la población joven.
Sin embargo, somos conscientes de que la transformación del servicio público requiere continuar avanzando, y una de nuestras prioridades es la actualización de la Ley No.
41-08 de Función Pública, una reforma orientada a adecuar el marco normativo a las nuevas realidades laborales, fortalecer la carrera administrativa, ampliar las oportunidades de crecimiento profesional y consolidar una cultura basada en el mérito, la innovación y la excelencia.
Porque modernizar el Estado no se construye únicamente con tecnología, procesos o estructuras más eficientes.
Se construye con personas preparadas, motivadas y comprometidas con el servicio a los demás.
Cuando colocamos al servidor público en el centro de las decisiones, fortalecemos las instituciones, elevamos la calidad de los servicios y contribuimos a construir un Estado humano, cercano y capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía.
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