Una apertura inédita en medio de la asfixia energética
El régimen cubano ha comenzado a autorizar que compañías extranjeras y mixtas importen su propio combustible, quebrando así el monopolio estatal que históricamente controló la entrada de hidrocarburos a la isla. La medida, anunciada desde noviembre pasado por el ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, busca aliviar una parálisis económica que se agrava semana tras semana.
Los volúmenes que se negocian actualmente están destinados exclusivamente a cubrir necesidades empresariales concretas y resultan insuficientes para atender la demanda nacional, estimada en unos 110,000 barriles diarios, de los cuales apenas 40,000 proceden de pozos propios. La situación energética de la isla continúa siendo extremadamente precaria pese a este gesto de apertura.
Burocracia y sanciones: dos sombras sobre la iniciativa
Fuentes consultadas explicaron que la importación se canalizaría a través de importadoras estatales, un proceso habitualmente lento y farragoso. Además, por tratarse de material peligroso, se exigirán requisitos adicionales de seguridad y una localización adecuada en destino, lo cual añade capas de complejidad administrativa.
El panorama se complica aún más por la ambigüedad de las sanciones estadounidenses. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero contempla aranceles a bienes importados a EE.UU. que provengan de cualquier país, lo cual podría disuadir a potenciales suministradores y generar incertidumbre entre los inversionistas.
Pese a estos obstáculos, el Gobierno ha celebrado reuniones con empresarios foráneos y emprendedores locales para detallar los mecanismos operativos, en un intento por inyectar oxígeno a una economía al borde del colapso. La comunidad empresarial observa con cautela si esta flexibilización parcial logrará traducirse en un alivio tangible para el sector productivo cubano.
