A pesar de tener leyes buenas, óptimas para encarrilar al país por la vía de la institucionalidad, estamos aceptando, impasibles, que se generalice su desprecio.
Y cuando una sociedad se acostumbra a despreciar la ley, lo que se descompone es el país entero.
La muestra más patética la ofrece nuestro sistema de tránsito, donde las normas se han devaluado hasta volverse letra muerta.
No hay esperanzas de revertir ese caos mientras la culpa siga siendo colectiva y a la vez impersonal.
Culpables son los que violan la norma, pero también los que debieron hacerla valer y no lo hicieron.
Ahí se cierra el círculo de la impunidad: quien viola porque puede, y quien deja pasar porque teme, pacta o se cansa.
A consecuencia de esa indiferencia mutua, el ejercicio de la autoridad para aplicar la ley ha sucumbido estrepitosamente.
Y cuando la autoridad pierde legitimidad, ya no ordena.
Solo le queda negociar, claudicar o esconderse.
Vivimos entonces en un estado de irrespeto generalizado, donde cada quien impone su ley particular.
Ni hablar de la convivencia social, ese pilar invisible que sostiene la vida en comunidad.
Es la fuerza que convierte a desconocidos en vecinos y a vecinos en ciudadanos.
Sin ella, la fraternidad y la solidaridad se vuelven consignas huecas.
Puede decirse también que el contrato social, ese pacto tácito por el cual cedemos un poco de libertad individual a cambio de seguridad y orden para todos, no bajo la ley de la selva, francamente se ha diluido.
Quisiéramos ser más optimistas, más confiados en que esta realidad podría cambiarse de cuajo.
Pero no se vislumbran señales que despierten alientos ni energías para dar la batalla crucial por la recuperación de estos valores.
Un país no se cae solo por falta de leyes.
Se cae cuando gobierno y gobernados pierden la vergüenza e incumplen estas leyes ostentosamente.
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