Tras una oleada de violencia protagonizada por migrantes en varias de sus capitales, la Unión Europea el bloque comunitario finalmente ha despertado.
Ha reaccionado con un amplio paquete de medidas migratorias, endureciendo las condiciones para aceptar o expulsar extranjeros de sus territorios.
Las nuevas normativas , llegan en el clímax de la indignación ciudadana en Reino Unido, Italia, Francia, España y Alemania, donde los desmanes callejeros y asesinatos crueles atribuidos a inmigrantes han encendido todas las alarmas.
La permisividad, o la simple indiferencia de algunos gobiernos europeos ante estos episodios, está pasando factura en las urnas.
Los partidos más radicales de la derecha, cuyo estandarte es el nacionalismo y la expulsión de inmigrantes, han encontrado un caldo de cultivo perfecto para desplazar a administraciones que, a juicio de una ciudadanía cada vez más exasperada, fueron demasiado indulgentes.
El Pacto sobre Migración y Asilo no es un capricho ideológico sino una respuesta estructural a un problema que amenaza la cohesión social del continente.
Europa evidencia así que no puede más con la violencia generada por ciertos sectores de la inmigración.
Este espejo europeo le sirve a la República Dominicana, donde regularmente se reportan violaciones a las leyes migratorias por parte de haitianos indocumentados.
Aquí también se registran incidentes, crímenes y peleas brutales con dominicanos, creando climas de nula coexistencia en muchos lugares.
El gobierno del presidente Luis Abinader ha tenido que diseñar un conjunto especial de medidas migratorias, y aún así son desafiadas.
Las deportaciones masivas y el fortalecimiento de los controles fronterizos son parte de una estrategia de seguridad nacional que, lejos de ser xenófoba, busca proteger la soberanía y el bienestar de los ciudadanos.
El mundo entero está redefiniendo sus fronteras, no por odio al extranjero, sino por la necesidad de orden, seguridad y sostenibilidad de sus modelos sociales.
La migración no es un problema en sí misma.
Lo es cuando se convierte en un factor de desestabilización, cuando erosiona el estado de bienestar y cuando amenaza la convivencia pacífica.
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