La tramitología estatal paraliza nuevos proyectos de vivienda
Conseguir hasta 131 autorizaciones repartidas en 16 organismos públicos se ha convertido en la principal barrera para los promotores inmobiliarios en República Dominicana. Esta maraña burocrática frena iniciativas que generarían miles de puestos de trabajo e importantes ingresos fiscales, sin importar la envergadura del proyecto ni la provincia donde se pretenda ejecutar.
La obtención de licencias en cualquier país busca garantizar el cumplimiento de normas urbanísticas, ambientales y de servicios esenciales. Sin embargo, el verdadero obstáculo radica en las demoras institucionales. Un constructor de renombre, que prefirió mantener el anonimato, reveló que lleva más de seis meses aguardando una respuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para una edificación de 24 apartamentos con seis niveles. «Son largos y angustiosos retrasos», confesó.
A este calvario administrativo se suman la certificación de uso de suelo por parte del ayuntamiento correspondiente y el visto bueno del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), entidad encargada de revisar los planos arquitectónicos y estructurales. El periplo incluye además trámites ante las corporaciones de agua potable, las distribuidoras eléctricas, el Ministerio de Turismo y la Dirección de Aduanas, entre otras dependencias que carecen del personal suficiente para agilizar los procesos.
Mientras los permisos se acumulan en los escritorios oficiales, el capital del inversionista se devalúa y los costos de construcción se disparan, según advirtió Enrique Rosario García, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros. La permisología excesiva no solo desalienta la inversión, sino que encarece el producto final que llega a los compradores, perpetuando un círculo vicioso que afecta a toda la cadena del sector vivienda.
