Justicia dominicana enfrenta cuestionamientos por decisiones que descargan a exfuncionarios y allegados a Danilo Medina
La insuficiencia probatoria se ha convertido en el denominador común en las decisiones judiciales que han favorecido a 19 imputados en tres de los cuatro casos de corrupción presentados por el Ministerio Público contra exfuncionarios y allegados al expresidente Danilo Medina.
Desde 2021, los tribunales dominicanos han descargado a imputados, dictado autos de no ha lugar o excluido a personas de procesos penales en los expedientes vinculados a Alexis Medina Sánchez, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero Ortiz. En los tres casos, los jueces concluyeron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para sostener las acusaciones contra varios imputados.
El caso más reciente ocurrió a finales de la semana pasada, cuando la jueza Altagracia Ramírez dictó autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias. La magistrada concluyó que las pruebas de la fase preliminar no permitían sustentar las imputaciones ni justificaban un juicio de fondo.
En cuanto a Castillo, la jueza sostuvo que el órgano acusador no logró establecer la conexión entre los supuestos fondos ilícitos de la alegada estructura criminal y los recursos usados en su campaña presidencial de 2020. Sobre Peralta, concluyó que no existían suficientes elementos para vincularlo con las sumas de dinero movilizadas por la estructura investigada.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó a 13 acusados en el proceso principal contra Alexis Medina Sánchez, incluyendo a Fernando Rosa, expresidente del Fonper, y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis. Las juezas concluyeron que, aunque hubo irregularidades administrativas y contrataciones cuestionadas, no se presentaron pruebas suficientes para establecer responsabilidad penal ni demostrar enriquecimiento ilícito o lavado de activos. El único proceso sin decisiones similares es el del mayor general Adán Cáceres Silvestre, que aún no tiene sentencia definitiva.
