Operativo federal sacude al segundo distrito escolar más grande de EE.UU.
Agentes del Buró Federal de Investigaciones ejecutaron este miércoles órdenes de allanamiento en la residencia particular y en la oficina de Alberto Carvalho, quien desde 2022 dirige el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), una entidad educativa que atiende a casi medio millón de alumnos. La acción fue confirmada por Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía federal en Los Ángeles.
El funcionario judicial precisó que los registros fueron debidamente autorizados por un magistrado, aunque se abstuvo de ofrecer precisiones sobre las razones que motivaron la intervención de los investigadores federales en ambas propiedades.
El vínculo con la empresa de inteligencia artificial AllHere
De acuerdo con una fuente anónima citada por el diario Los Angeles Times, la investigación guarda relación con AllHere, una compañía tecnológica especializada en inteligencia artificial que quebró después de que su fundadora fuera imputada por fraude durante 2024. El Departamento de Justicia señaló en su acusación que la firma había suscrito un contrato por varios millones de dólares con el LAUSD para desarrollar un chatbot de asistencia académica, proyecto que jamás se materializó debido al colapso financiero de la empresa.
La trayectoria de Carvalho bajo la lupa
Carvalho, de origen inmigrante y con dominio del español, asumió la conducción del distrito angelino en febrero de 2022 con la misión de recuperar la normalidad educativa tras los cierres provocados por la pandemia de COVID-19. Su gestión se ha caracterizado por una postura firme contra la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en los planteles escolares, lo que le ha granjeado amplias simpatías en una comunidad estudiantil mayoritariamente hispana.
Sin embargo, su historial ya había sido objeto de revisión. En 2020, la oficina del inspector general del sistema escolar de Miami-Dade examinó su participación en la gestión de una donación de 1,57 millones de dólares proveniente de una empresa de educación digital. En junio de 2021, la investigación concluyó que dicha contribución —destinada a beneficiar a los docentes— no infringió las normas éticas estatales ni las del distrito escolar.
