Electricidad | Así ha ocurrido en el sector El Millón, donde el experto en protección al consumidor eléctrico, Marino Hilario, quien filmó un video en el que se evidencia el uso del artefacto Artefacto que usa Edesur para medir energía de casas.
Creado: 02.09.2026 | 18:11 Actualizado: 02.09.2026 | 18:19 Las brigadas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) utilizan planchas eléctricas viejas colocadas en el interior de cajas para verificar el calibraje del suministro energético en los hogares.
Así ha ocurrido en el sector El Millón, donde el experto en protección al consumidor eléctrico, Marino Hilario, quien filmó un video en el que se evidencia el uso del artefacto.
Economía El Nacional En referencia a las denuncias de usuarios por alta facturación, Hilario señaló que, al margen de la época del año, persiste un problema generalizado en la facturación que afecta a los usuarios a nivel nacional en todas las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Ede).
De acuerdo con el especialista, las brigadas realizan inspecciones a los usuarios mediante las cuales se levantan actas de irregularidad no intencional por supuestos consumos no facturados.
Economía El Nacional Al acudir a las oficinas comerciales, los clientes enfrentan fechas de vencimiento próximas para el pago de los montos exigidos, lo que impulsa a los consumidores sin asesoría a firmar acuerdos bajo presión.
La falta de capacidad operativa en las oficinas comerciales dificulta el proceso de reclamo, debido a la carencia de equipos básicos como tóner de impresoras para imprimir los reclamos de los usuarios.
Hilario criticó la inacción de la Superintendencia de Electricidad y de su Dirección de Mercado Eléctrico Minorista ante un patrón de anomalías que calificó de irregular.
Asimismo, indicó que la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) acumula expedientes con retrasos de dos y tres años, vulnerando los plazos legales establecidos.
El experto puntualizó que las decisiones emitidas por Protecom después de transcurrido un mes resultan ilegales conforme a la normativa vigente.
Añadió que la carga de la prueba recae indebidamente sobre el usuario afectado y no sobre la empresa distribuidora, mientras que la Superintendencia se limita a validar la información sin realizar verificaciones técnicas independientes.
Esta situación vulnera los derechos fundamentales y la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración, limitando la capacidad de defensa de los ciudadanos ante la falta de recursos para costear procesos judiciales o la ausencia de asistencia legal en Protecom, lo que obliga a los abonados a efectuar pagos bajo coacción para evitar la suspensión del servicio.
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