Comunidades del Sur reclaman al Estado acciones ante el aumento de la criminalidad
Mientras República Dominicana debate la efectividad de las políticas de seguridad, los robos en Paraíso y Cabral, Barahona, evidencian una tendencia que afecta a las provincias y exige una respuesta integral del sistema de justicia.
El caso de Louis Schinaïder, un motoconchista de Paraíso que fue despojado de su motocicleta por tres hombres armados con machetes, se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad ciudadana en el país. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche en la avenida Casandra Damirón, y la víctima aún enfrenta trabas para denunciar porque el vehículo está registrado a nombre de otra persona en Neiba.
Las denuncias en Paraíso y Cabral no son aisladas: los residentes reportan robos de tanques, varillas, productos agrícolas y otros bienes, mientras los productores locales sufren pérdidas que afectan la economía regional. Este patrón delictivo se repite en varias provincias, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en las comunidades.
La respuesta de las autoridades, incluyendo la Dicrim, ha sido calificada como insuficiente por los afectados, quienes señalan que los casos se estancan y que las cámaras de seguridad no han sido suficientes para identificar a los responsables. La falta de seguimiento judicial y el limitado patrullaje preventivo son temas que trascienden lo local y apuntan a debilidades estructurales del sistema.
Expertos en seguridad y analistas vinculan este fenómeno con el crecimiento urbano desordenado y la necesidad de políticas de prevención más efectivas, un debate que cobra relevancia a nivel nacional y que afecta también a la diáspora dominicana, que sigue de cerca la seguridad del país.
La ola de robos en Barahona es un llamado de atención para el país: sin una estrategia integral que combine vigilancia, justicia y desarrollo social, la criminalidad seguirá erosionando la confianza en las instituciones.
