La defensa invoca estándares internacionales por dilación; el Ministerio Público defiende la complejidad del proceso
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decide este lunes si extingue la acción penal contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de malversar más de RD$6,000 millones. El caso pone a prueba los plazos judiciales y los estándares internacionales sobre el derecho a un juicio justo en República Dominicana.
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, espera que este lunes el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declare la extinción de la acción penal en su contra. Rodríguez alega que el proceso ha excedido los plazos máximos de la legislación dominicana y los estándares internacionales sobre el derecho a ser juzgado dentro de un tiempo razonable.
En la audiencia, el exfuncionario basó su solicitud en las leyes nacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sostuvo que las dilaciones son atribuibles exclusivamente al Estado y no a su defensa, por lo que el tribunal estaría jurídicamente obligado a declarar la extinción de la acción penal.
La directora de la Pepca, Mirna Ortiz, solicitó el rechazo de la petición y citó el artículo 146 del Código Procesal Penal, que establece los criterios para determinar si un proceso ha excedido un plazo razonable. Ortiz explicó que los jueces deben valorar la complejidad del caso, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades encargadas de impulsar el expediente. Señaló que estos criterios no tienen que concurrir simultáneamente y que el caso presenta un alto nivel de complejidad por el volumen de actuaciones, la cantidad de imputados, la diversidad de pruebas y las múltiples diligencias.
El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que la defensa de Rodríguez solo muestra interés en retardar el proceso ante la falta de argumentos para enfrentar las pruebas. Según la acusación del Ministerio Público, Rodríguez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general. El expediente involucra a 41 personas físicas, 22 empresas, más de 400 testigos, 12,274 páginas y más de 3,500 elementos de prueba. Los abogados del exprocurador son Carlos Balcácer y Nelly Rivas. La decisión está a cargo de las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Zobeida Castillo y Yissel Soto.
