Un análisis revela que la prisión preventiva se impone sobre el debido proceso y la Constitución
República Dominicana enfrenta una crisis de justicia: la mayoría de los reclusos no tienen condena firme. El nuevo Código Penal podría empeorar la situación, mientras expertos piden intervención del Tribunal Constitucional.
La Constitución dominicana, en su artículo 40, numeral 9, establece que la coerción restrictiva de la libertad personal es excepcional y solo procede si el inculpado carece de arraigo y hay pruebas suficientes. No obstante, un análisis difundido este lunes denuncia que el Ministerio Público viola sistemáticamente este principio, convirtiendo la prisión preventiva en la regla general.
El sistema penitenciario dominicano cuenta con 42 centros de privación de libertad que albergan a un promedio de 19,800 personas. De ellas, el 65% son presos preventivos (12,870), mientras que solo 9,800 (35%) cumplen condenas definitivas. Esta desproporción evidencia que la coerción preventiva se ha institucionalizado, en contra del mandato constitucional que la reserva para casos excepcionales.
El nuevo Código Penal, que tipifica cientos de nuevos delitos, podría incrementar aún más la privación de libertad preventiva, según el análisis. El texto subraya que la cárcel equivale a condena y que el Ministerio Público debe reducir su uso, aplicándola solo cuando la pena no pueda sustituirse por reparación del daño, como en violaciones de menores y violencia de género. En casos de corrupción administrativa, con 20 años de prescripción, se considera un abuso imponer prisión preventiva por prevaricación y cohecho, siendo preferible la fianza económica y la extinción de dominio.
El análisis critica la indiferencia de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República ante la corrupción en el sistema judicial, y exige al Defensor del Pueblo y a Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública, reclamar al Ministerio Público abandonar prácticas inquisidoras. Asimismo, insta al Tribunal Constitucional a emitir sentencias vinculantes que obliguen a no dilatar los procesos penales mediante coerción preventiva, que altera el erario público y abarrota los centros penitenciarios. Este debate resuena en un contexto regional donde varios países latinoamericanos enfrentan presiones similares para reformar sus sistemas de justicia penal.
