La reciente aprobación de las directrices presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal por parte del Consejo de Ministros marca el inicio del engranaje técnico del Estado, pero su verdadero valor radica en la señal de certidumbre que envía a los mercados.
Lejos de ser un simple ejercicio de asignación contable, el presupuesto es el reflejo de la visión macroeconómica y de la sostenibilidad de un país.
En esta ocasión, la formulación descansa sobre supuestos económicos sólidos y realistas, proyectando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 4.8 %, sustentado en la resiliencia demostrada por la economía dominicana, que acumuló una expansión del 4.2 % en los primeros meses del año.
Este dinamismo se ve robustecido por la reciente promulgación de la Ley 30-26 de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.
Las estimaciones de ingresos públicos para el venidero ciclo fiscal reflejan de manera directa el impacto estructural de esta normativa, la cual redefine componentes clave de nuestra arquitectura tributaria al incorporar tramos progresivos y herramientas para la formalización.
Si bien las cifras definitivas de recaudación se encuentran en fase de afinamiento técnico por parte de las autoridades hacendarias, el cruce de datos con las proyecciones iniciales de la propia ley, que estimaban un incremento de la presión tributaria en torno a 1.5 puntos porcentuales del PIB, justifica plenamente el robustecimiento de las previsiones de ingresos del Gobierno, consolidando un horizonte de previsibilidad y estabilidad para todos los agentes económicos.
Este incremento en la recaudación, fundamentado en la captura de rentas en segmentos de gran escala y en herramientas para facilitar la labor de cobro, dota al presupuesto de un piso de sostenibilidad necesario.
Si bien la sociedad entendió, en su mayoría, la necesidad de esta modificación al sistema tributario para asegurar la suficiencia fiscal y mitigar los efectos del entorno global, la prontitud de su aprobación no puede convertirse en la regla de juego.
El diálogo institucional, que ha sido históricamente nuestro principal activo para la estabilidad social y económica, debe preservarse como el mecanismo insustituible para procesar los cambios de gran envergadura.
Ninguna discusión en un país que apuesta con firmeza a convertirse en una economía desarrollada en los próximos diez años puede reducirse a un conflicto simplista entre ricos y pobres.
El verdadero debate de desarrollo debe centrarse en la complementariedad: en cómo continuar estimulando la creación de valor, inversión y riqueza desde el sector privado, y cómo garantizar una distribución justa y eficiente de recursos desde el gobierno.
Para el empresariado, especialmente en sectores de alta complejidad regulatoria o en grandes proyectos de infraestructura, esta estabilidad presupuestaria y madurez institucional representan el único piso posible para planificar el futuro.
El posicionamiento de vanguardia al que aspiramos como nación requiere una capacidad de anticipación compartida, donde la sostenibilidad de los negocios y el bienestar colectivo se entiendan como dos caras de una misma estrategia de blindaje nacional.
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