Por la magnitud de los daños humanos y materiales que provocan, los accidentes de tránsito constituyen una amenaza directa y creciente contra la seguridad ciudadana.
No es un problema menor, ni una estadística más.
Es una horripilante hemorragia que desangra al país cada día.
Ninguna de las grandes empresas distribuidoras de electricidad ha quedado inmune a la destrucción de sus redes de transmisión, asumiendo costos millonarios por el colapso del servicio y la reparación de infraestructuras vitales.
Pero eso es solo la punta del iceberg.
Por igual, la enorme cantidad de personas lesionadas o incapacitadas en siniestros viales drena sin piedad los presupuestos del sistema hospitalario.
Los costos asociados al internamiento prolongado, la aplicación de prótesis y los insumos medicinales se han convertido en una sangría financiera insostenible.
Y ni qué hablar de las multimillonarias sumas que deben desembolsar las aseguradoras por daños y riesgos cubiertos.
Más allá de esos impactos económicos directos, sobresalen las pérdidas por el congestionamiento vehicular, que hoy dispara trastornos mentales y agudiza la percepción de peligro en calles y carreteras.
Esta “pandemia vial” ha hecho trizas las leyes preventivas y punitivas, debilitando incluso el poder real de la autoridad.
Con este cúmulo de daños directos y colaterales, hace tiempo que el problema del tránsito debió merecer la categoría de emergencia nacional, como factor relevante del desajuste del modelo de vida y de la seguridad de toda la ciudadanía.
Sin embargo, las autoridades, desbordadas y desubicadas ante la severidad de esta tragedia permanente, no parecen tener ímpetu ni voluntad para hacer valer las leyes que hoy se mueren de inanición.
Eso es tan penoso y trágico como el resto de la crisis.
Y exige, ya sin demora, un frente de acción nacional que involucre al Estado, al sector privado y a la sociedad civil.
No podemos seguir contando muertos mientras discutimos si el problema es grave.
Lo es.
Y la hora de actuar es ahora.
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