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Nacional

Las múltiples leyes, recursos y planes decenales, ¿han mejorado la educación dominicana?

Inmerso está el país en una fascinante iniciativa: revolucionar la educación.

Bajo tal precepto la enfocan los responsables del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) designados, sin embargo, para integrar la comisión oficial encargada de la “ Transformación Educativa” (Decreto 309-26).

Notamos, pues, diferencia de enfoque: “Transformación” vs.

“Revolución”.

El término “ revolución ”, si acompañado de acciones revolucionarias va, seduce muchos oídos, atrae a radicales.

Transformar implica mejoras sucesivas de una actividad o la realidad sobre la cual se actúa.

Revolucionar, en cambio, es vuelco extremo de lo existente; lanzarlo hacia otras direcciones.

Las transformaciones suelen ser pequeñas, respetan los marcos “prudenciales” y los “derechos adquiridos”.

Se aplican a diferentes campos para mantener beneficios y presencia en los mercados.

Así, los refrescos se transforman, perdiendo azúcar porque los consumidores temen la obesidad.

Eliminando ese costo, sus industrias ganan más.

Las revoluciones, en cambio, liberan algo de las “relaciones sociales de producción” (RSP) que obstruyen su desarrollo, funcionalidad y beneficios sociales.

Revolucionar la educación es cortar de un plumazo aquello que la hace ineficiente, caricatura grotesca y reverso de lo que debe ser.

China aplicó exitosamente esa máxima del materialismo histórico.

Allí ninguna norma, ley o relación predomina sobre su esencial y absoluto capitalismo de Estado.

Este le confiere el beneficio exclusivo sobre la plusvalía: explotar al pueblo.

Puede gestionarla o cederle parte a terceros, siempre en beneficio propio.

El tipo de gobierno de China es imposible de ser extrapolado a Occidente ante la avalancha del capitalismo salvaje y la lamentable experiencia frente a izquierdas arrodilladas ante la avaricia, la corrupción y la insensibilidad social.

El calificativo “salvaje”, inaugurado por Viviane Forrester (“El horror económico”, 1996), rápidamente fue validado por el papado católico —Juan Pablo II, 2003; Benedicto XVI, 2012 y Francisco, 2025—.

Hoy cualifica el lenguaje de destacados críticos de la economía liberal: Byung-Chul Han (2019) y Thomas Piketty (2024), entre otros.

¿La educación puede revolucionarse sin eliminar esas RSP que dominan el sector; sin extirparle esa anomización gracias a la cual los ministros y directivos de la Asociación de Profesores salen hipermillonarios en menos de cuatro años? Si ni normas ni leyes lograron mejorar nuestra calidad educativa, ¿qué garantiza que otra ley podrá? Simpatizamos con actualizar los marcos jurídicos de la gestión pública.

Sin embargo, dada la preeminencia de RSP obstructivas de la calidad educativa, somos escépticos.

Especialmente por la corrupción.

Pese a los abundantes intentos, nuestra calidad educativa continúa como cangrejo: ni el 4%, ni la cuasiuniversalidad del acceso, ni el transporte y la comida gratis evitan que avance para atrás.

Cantidad no es calidad.

Desde los años 70 nuestros gobiernos pagan estudios al respecto.

Destaca el célebre “Diagnóstico del sector educativo en la República Dominicana (1979)”, del viceministro Rubén Silié —antes, durante la administración del doctor Balaguer realizó otro— y colaboradores.

Recordamos las febriles movilizaciones: dirigiendo el sector hacia aquel “Congreso Nacional del Plan Decenal de Educación, Santo Domingo” (1992) validó la reforma educativa homónima, y la del 4%…

Para creer, entonces, la ciudadanía deberá ser convencida.

Sin un cambio cultural y sin eliminar las actuales RSP en educación, la calidad continuará avanzando hacia atrás.

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