Las denuncias sobre cargas declaradas en tránsito internacional hacia Haití que no completan el cruce y terminan en el mercado dominicano no son un tema técnico de aduanas. Son, en el fondo, una distorsión que castiga a quien cumple la ley y premia a quien se mueve en la sombra del sistema. Si una investigación oficial confirma el mecanismo, no estaríamos ante una simple irregularidad administrativa: se trataría de una competencia desleal estructural que asfixia al comercio formal y, de forma particular, a los supermercados independientes.
Una denuncia que exige respuestas
Reportajes y declaraciones empresariales recientes sostienen que mercancías extranjeras declaradas en tránsito internacional hacia Haití estarían llegando a la zona fronteriza sin completar el cruce y que parte de esos productos podría terminar en el mercado dominicano. El reportaje audiovisual difundido por VotarD Media, titulado “Más de US$1,000 millones desviados: Cómo opera la red fronteriza”, presenta fotografías, recibos y señalamientos sobre productos presuntamente localizados en establecimientos comerciales del país, entre los que se mencionan sucursales de La Sirena y Supermercados Olé. [1]
Es indispensable precisar que esas imágenes y afirmaciones constituyen denuncias periodísticas que deben ser verificadas por Aduanas, Pro Consumidor, Salud Pública y el Ministerio Público; por sí solas no establecen responsabilidad penal ni administrativa de las empresas señaladas. La cifra superior a US$1,000 millones tampoco ha sido confirmada mediante un informe oficial consolidado.
Lo que exige la Ley 168-21
El marco jurídico no deja espacio para convertir el tránsito internacional en una ficción documental. La Ley General de Aduanas núm. 168-21, promulgada el 9 de agosto de 2021, modernizó el régimen aduanero dominicano tras 68 años de vigencia de la anterior Ley 3489. En materia de tránsito, el artículo 290 define este régimen como el paso de mercancías extranjeras a través del país cuando forma parte de un trayecto que se inicia y termina en el extranjero. En términos simples: si el destino declarado es Haití, la carga debe salir efectivamente de República Dominicana y quedar sometida al control de la aduana de destino. [2]
Bajo este régimen no se cobran derechos ni impuestos de importación —solo tasas administrativas y de transporte—, precisamente porque la mercancía no está destinada al consumo dominicano. La norma establece un plazo máximo de permanencia de un año, más quince días adicionales para el reembarque; de no reembarcarse ni nacionalizarse, la carga se considera abandonada y se vende en pública subasta. El artículo 291, por su parte, permite nacionalizar la mercancía en tránsito (es decir, pagar los tributos correspondientes) si el interesado lo solicita y cumple todos los requisitos, mientras que el artículo 295 regula el tránsito interno, siempre bajo control aduanero y con garantía.
Circe Almánzar ha explicado que el tránsito concede una suspensión temporal de los tributos precisamente porque la mercancía no está destinada al consumo dominicano. Por eso, llevar un contenedor hasta la frontera, descargarlo o almacenarlo sin que complete el cruce no equivale a perfeccionar una operación internacional. Las dificultades de seguridad en Haití merecen soluciones especiales, pero no pueden alterar por la vía de los hechos la naturaleza jurídica del régimen. [3]
En condiciones normales, la ley debería haber mejorado tanto la facilitación como el control: alineó la legislación con estándares internacionales, separó con claridad los distintos regímenes, amplió los plazos y fortaleció el arsenal sancionatorio con nuevos tipos penales. El problema actual, según los sectores que han denunciado, no es de diseño de la norma, sino de una aplicación laxa y selectiva de sus disposiciones.
El daño invisible al supermercado independiente
El comerciante independiente compite con una desventaja estructural cuando al mercado entran productos que presuntamente no pagaron los mismos aranceles e impuestos, no asumieron iguales costos de cumplimiento y posiblemente carecen del etiquetado o registro sanitario exigido. El pequeño supermercado paga alquiler, nómina, energía, transporte, seguridad social, impuestos y financiamiento. Además, compra a importadores formales que incorporan en el precio los tributos y las obligaciones regulatorias. Frente a una mercancía desviada, esa estructura legal de costos se convierte injustamente en una penalidad.
La consecuencia inmediata es una guerra de precios imposible de sostener. El negocio independiente debe reducir su margen hasta niveles críticos, perder clientes o retirar productos. Después vienen los atrasos con suplidores, los recortes de personal y, en los casos más duros, el cierre. Cada establecimiento que desaparece no representa solamente una caja registradora menos: significa empleos perdidos, menos crédito informal para las familias del barrio, menor circulación de dinero en la comunidad y una oferta comercial cada vez más concentrada.
Las cadenas y comercios mencionados en denuncias también deben tener la oportunidad y la obligación de explicar documentalmente la procedencia de los productos señalados: quién los suplió, cómo fueron importados, qué impuestos se pagaron y cuáles registros sanitarios poseen. La transparencia protege tanto al consumidor como a las empresas que puedan demostrar que actuaron correctamente.
Dajabón: trabas para quien cumple, facilidades para cargas bajo sospecha
Una investigación publicada por Diario Libre el 21 de agosto añade testimonios desde el propio territorio fronterizo. Comerciantes y exportadores denunciaron que determinadas mercancías declaradas en tránsito llegarían a Dajabón, serían descargadas cerca del mercado fronterizo y posteriormente trasladadas hacia diferentes puntos de República Dominicana sin completar las verificaciones requeridas. Al mismo tiempo, operadores que aseguran cumplir cada requisito dicen enfrentar burocracia, retrasos y costos adicionales para exportar legalmente hacia Haití. [5]
La contradicción retrata la forma más perjudicial de competencia desleal: el sistema hace más costoso y lento el camino formal, mientras una carga presuntamente irregular podría moverse con menos obstáculos. Los denunciantes —entre ellos comerciantes haitianos identificados por el medio— solicitaron una investigación transparente para determinar el destino real de las mercancías y establecer si existieron privilegios, omisiones o responsabilidades. Diario Libre advierte expresamente que esas afirmaciones deben ser comprobadas por las autoridades. [5]
Para los supermercados independientes, esta denuncia es especialmente relevante. Si productos que debieron cruzar hacia Haití regresan o nunca abandonan el país y luego abastecen el mercado interno, la distorsión no se queda en Dajabón: viaja con la mercancía hasta cada ciudad y barrio donde termina compitiendo contra inventarios comprados, facturados y tributados formalmente.
Aduanas reconoce el problema y refuerza controles
El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, informó el 20 de agosto de 2026 que se adoptarían medidas para que las patanas con mercancías en tránsito hacia Haití salgan antes del mediodía y para que las autoridades comprueben que crucen efectivamente la frontera. Aclaró que no se trata de una nueva resolución, sino de aplicar la Ley 168-21. También reconoció que el empresariado ha denunciado la posible permanencia en territorio dominicano de mercancías declaradas en tránsito. [4]
La medida es necesaria, pero el control del próximo camión no responde por lo ocurrido con los anteriores. Si existen evidencias de productos desviados hacia el mercado interno, corresponde reconstruir la ruta completa: manifiesto, consignatario, puerto de entrada, transportista, precintos, geolocalización, almacenes, facturación, recepción en Haití y destino comercial final. Sin auditoría retrospectiva, las nuevas reglas podrían cerrar una brecha sin determinar quiénes se beneficiaron de ella ni cuánto dejó de percibir el Estado.
No basta con vigilar la frontera
La respuesta pública debe ser coordinada. Aduanas tiene que publicar datos verificables sobre las operaciones de tránsito y sus cruces efectivos; la Dirección General de Impuestos Internos debe rastrear la facturación y el pago de tributos; Salud Pública y Pro Consumidor deben inspeccionar registros sanitarios, etiquetas, lotes y trazabilidad; y el Ministerio Público debe investigar cualquier indicio de defraudación, contrabando, falsedad documental o asociación ilícita que pudiera surgir.
Defender al comercio formal
La República Dominicana necesita facilitar el comercio con Haití, pero facilitar no significa renunciar al control. Tampoco puede utilizarse la compleja situación haitiana como excusa permanente para mantener cargas en territorio dominicano bajo beneficios concedidos a mercancías cuyo destino declarado es otro país.
Este caso debe marcar un antes y un después. Los supermercados independientes no piden privilegios: reclaman competir bajo las mismas reglas. Protegerlos significa defender empleos, recaudaciones, seguridad sanitaria y vida económica comunitaria. Si la carga fue declarada para Haití, debe llegar a Haití. Si terminó en el mercado dominicano, tiene que demostrarse que fue nacionalizada, tributó y cumplió todos los controles. Todo lo demás exige una investigación profunda, consecuencias proporcionales y la recuperación de los recursos públicos que correspondan.
La frontera no puede ser una zona de sombra donde la legalidad desaparece entre un manifiesto y un almacén. El país necesita saber qué entró, qué cruzó, qué se quedó y quién se benefició. Solo así podrá restablecerse la competencia leal y evitar que el comerciante honesto continúe pagando el precio de una irregularidad que no cometió.
Fuentes consultadas
- VotarD Media. “Más de US$1,000 millones desviados: Cómo opera la red fronteriza”. YouTube, agosto de 2026.
- Dirección General de Aduanas. Ley General de Aduanas núm. 168-21; véanse especialmente los artículos 290, 291 y 295 sobre tránsito internacional.
- Almánzar Melgen, Circe. “El tránsito hacia Haití tiene que cruzar la frontera”. RC Noticias, 11 de agosto de 2026.
- Figueroa, Roger. “Aduanas refuerza control sobre patanas que llevan mercancías a Haití”. Diario Libre, 20 de agosto de 2026.
- Genao, Javier. “Denuncian en Dajabón que cargas destinadas a Haití terminan vendiéndose en RD”. Diario Libre, 21 de agosto de 2026.
Nota editorial: Las menciones de empresas, montos y rutas comerciales se atribuyen a las fuentes indicadas. La responsabilidad individual o corporativa solo puede establecerse mediante investigación y decisión de las autoridades competentes.
